El caso Adorni suma tensión política: el contratista cuestionó a Milei
La respuesta de Tabar, además de intentar despegarse de cualquier identificación partidaria opositora, pareció apuntar a un fenómeno más amplio: la polarización extrema del debate político, donde cualquier cuestionamiento puede derivar rápidamente en acusaciones ideológicas antes que en una discusión centrada en los hechos investigados.
La controversia en torno a las refacciones realizadas en propiedades del vocero presidencial Manuel Adorni incorporó un nuevo capítulo luego de que el contratista Mariano Tabar respondiera públicamente al presidente Javier Milei y rechazara las acusaciones que lo vinculaban con el kirchnerismo.
A través de una cuenta personal creada recientemente en la red social X, Tabar aseguró que nunca militó en espacios afines al kirchnerismo y afirmó haber apoyado tanto a Mauricio Macri como a La Libertad Avanza en las últimas elecciones. El contratista expresó además su malestar por haber sido señalado desde el oficialismo como una figura de “prontuario dudoso”, una definición que, según dijo, le generó “tristeza, angustia y dolor”.
El episodio deja al descubierto una dinámica cada vez más frecuente dentro del escenario político actual: la tendencia del oficialismo a responder cuestionamientos públicos mediante descalificaciones ideológicas hacia quienes quedan involucrados en investigaciones o polémicas vinculadas al poder. En este caso, la reacción del contratista buscó desarmar esa lógica al remarcar que incluso acompañó electoralmente al actual Presidente.
Tabar había sido citado a declarar días atrás en el marco de las investigaciones sobre las remodelaciones realizadas en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá. Según trascendió luego de su exposición judicial, también habría participado en trabajos dentro del departamento del funcionario en el barrio porteño de Caballito, donde actualmente reside junto a su familia.
En ese contexto, el contratista sostuvo que el vocero presidencial habría destinado alrededor de 14 millones de pesos a la compra de mobiliario nuevo, un dato que amplificó el interés político y mediático sobre el patrimonio y los gastos del entorno gubernamental.
El conflicto también expone las dificultades del oficialismo para administrar casos sensibles vinculados a funcionarios cercanos. Mientras el Gobierno construyó gran parte de su identidad política sobre la crítica a los privilegios y la transparencia en el manejo de recursos, situaciones como esta generan tensiones entre el discurso anticasta y las prácticas bajo escrutinio público.
