El Gobierno acelera la rosca con las provincias para destrabar la reforma laboral en el Senado

La reforma laboral se juega tanto en el contenido del proyecto como en la capacidad del Gobierno de compensar políticamente a las provincias. El resultado de estas negociaciones será determinante no solo para el destino de la iniciativa, sino también para medir el poder real del Ejecutivo en su vínculo con los gobernadores y en el Senado.

Mientras el Congreso atraviesa el receso estival, el Ejecutivo intensifica una estrategia clave por fuera del recinto: el diálogo directo con los gobernadores para garantizar los votos necesarios que permitan avanzar con la reforma laboral en el Senado. La iniciativa, que podría ingresar a la Cámara alta entre el 10 y el 11 de febrero, expone las dificultades políticas del oficialismo para construir mayorías estables en un escenario de fragmentación y tensiones fiscales.

La postergación del debate —originalmente prevista para las sesiones extraordinarias que concluyeron el 30 de diciembre— confirmó que el Gobierno aún no logra alinear voluntades suficientes. El anuncio de la senadora Patricia Bullrich de diferir el tratamiento dejó al descubierto que el principal escollo no es solo laboral, sino también financiero: el impacto del proyecto sobre la recaudación provincial.

En este marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, asumió un rol central como articulador político. Su agenda de la semana revela un equilibrio delicado entre aliados firmes y gobernadores críticos. El primer gesto será hacia Chaco, donde se reunirá con Leandro Zdero, un mandatario cercano a La Libertad Avanza, en busca de consolidar apoyos. Luego, el foco se trasladará a La Pampa, con un encuentro en Casa Rosada con Sergio Ziliotto, uno de los gobernadores más duros frente a la reforma, especialmente por los cambios en el impuesto a las Ganancias.

Ese punto es el corazón del conflicto: la reducción de la alícuota prevista en el artículo 191 del proyecto implicaría una caída significativa en la coparticipación, con pérdidas estimadas en más de $1,7 billones para las provincias en 2026. Para los mandatarios, el costo fiscal amenaza con desfinanciar presupuestos ya ajustados; para el Gobierno, es una concesión necesaria para avanzar con su agenda de reformas estructurales.

La gira de Santilli se completa con visitas a Chubut y Mendoza, donde se reunirá con Ignacio Torres y Alfredo Cornejo, respectivamente, ambos alineados con el oficialismo nacional. En Chubut, además, la agenda institucional se superpone con la emergencia por los incendios, sumando un componente de gestión y coordinación federal.