El Gobierno acelera la desregulación económica: elimina 58 normas y profundiza el retiro del Estado de los mercados
La decisión, oficializada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, se inscribe en una política más amplia orientada a reducir la intervención estatal en la actividad económica y a fortalecer el funcionamiento de las reglas de mercado.
El Gobierno nacional avanzó un nuevo paso en su estrategia de desregulación económica al derogar 58 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio, las importaciones, los programas de financiamiento al consumo y los mecanismos de control de precios.
La medida se produce en paralelo al debate legislativo de la denominada Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca eliminar o modificar más de 70 normas bajo el argumento de simplificar estructuras administrativas y reducir cargas burocráticas.
Desde la perspectiva oficial, muchas de las disposiciones derogadas habían perdido vigencia práctica tras la modificación o eliminación de marcos regulatorios como la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y el Observatorio de Precios. El Gobierno sostiene que la acumulación de regulaciones generó superposiciones, incertidumbre jurídica y mayores costos administrativos tanto para empresas como para ciudadanos.
Sin embargo, el alcance de la decisión excede una simple actualización normativa. Entre las normas eliminadas figuran regulaciones asociadas a programas emblemáticos de intervención económica, como Ahora 12, Cuota Simple, Precios Cuidados y el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA). En conjunto, estas herramientas habían sido diseñadas para moderar precios, estimular el consumo y amortiguar el impacto de la inflación sobre hogares y sectores productivos.
La eliminación de los programas de financiamiento subsidiado implica que el acceso a cuotas para la compra de bienes durables dependerá exclusivamente de las condiciones que ofrezcan bancos y comercios. Si bien el Ejecutivo argumenta que esto corrige distorsiones y reduce subsidios indirectos, también supone trasladar al consumidor el costo total del crédito en un contexto donde las tasas continúan siendo un factor determinante para el consumo.
En materia educativa, la derogación de las normas que exigían a los colegios privados informar y gestionar previamente los aumentos de cuotas refuerza la autonomía de las instituciones para definir sus aranceles. Los defensores de la medida sostienen que elimina trámites innecesarios y agiliza la gestión. Sus críticos, en cambio, advierten que podría reducir la previsibilidad para las familias y facilitar incrementos más frecuentes en un sector donde la demanda tiene escasa capacidad de sustitución.
La flexibilización de los procedimientos de importación constituye otro de los ejes centrales de la reforma. El Gobierno considera que la reducción de licencias, declaraciones y autorizaciones favorecerá una mayor competencia, ampliará la oferta de productos y disminuirá los costos de ingreso de mercaderías. No obstante, diversos sectores industriales observan con preocupación el posible impacto sobre la producción nacional, especialmente en actividades con dificultades para competir frente a bienes importados.
Más allá de la discusión técnica sobre la vigencia de las normas derogadas, la decisión refleja un cambio profundo en la concepción del rol estatal. Mientras la administración nacional apuesta por un esquema donde los precios, el crédito y el comercio se regulen principalmente mediante la oferta y la demanda, el debate de fondo gira en torno a cuánto puede retirarse el Estado sin afectar mecanismos de protección al consumidor, herramientas de estabilización económica y capacidades de supervisión en mercados altamente concentrados.
