El Banco Nación eleva las tasas UVA y profundiza la crisis del acceso a la casa propia
La suba de tasas del Banco Nación, más que una decisión técnica, es un síntoma político: la vivienda, en la Argentina de Milei, ha dejado de ser un derecho para convertirse en una variable más del ajuste.
El reciente aumento de la tasa de interés de los créditos hipotecarios UVA del Banco Nación, que pasó del 4,5% al 6%, representa mucho más que un simple ajuste financiero: es un golpe directo a las aspiraciones de miles de argentinos que veían en este sistema una oportunidad de acceder a su vivienda.
La decisión, tomada por la entidad más grande del país y bajo control del gobierno de Javier Milei, consolida un escenario en el que la vivienda deja de ser un derecho alcanzable para convertirse en un lujo reservado a pocos.
El cambio, aunque presentado como un movimiento “moderado” frente a las tasas del resto de los bancos —que van del 7,5% al 15%—, tiene implicancias profundas. El Banco Nación, históricamente concebido como una herramienta de política pública orientada a facilitar el crédito y el desarrollo, se alinea ahora con una lógica de mercado puro, trasladando al ciudadano el peso de un contexto económico inestable y una inflación persistente.
La suba del interés no solo encarece las cuotas futuras, sino que incrementa la incertidumbre sobre la evolución de la deuda indexada por UVA, cuyo valor se ajusta de acuerdo con la inflación. En la práctica, esto significa que los tomadores de crédito deberán pagar más por un préstamo cuyo capital ya crece mes a mes, mientras los salarios continúan rezagados. La fórmula es explosiva: crédito más caro, ingresos estancados y precios inmobiliarios dolarizados.
Analistas financieros advierten que la decisión del Banco Nación podría desencadenar una reacción en cadena entre otras entidades, elevando de manera generalizada el costo del crédito hipotecario. Si esto ocurre, el mercado inmobiliario, ya paralizado por la falta de demanda y la caída del poder adquisitivo, podría entrar en una nueva fase de contracción.
Desde un punto de vista político, el aumento de tasas refleja el giro del Gobierno hacia una concepción bancaria estrictamente liberal, en la que el crédito deja de ser una herramienta social para transformarse en un producto financiero regido por la rentabilidad. La medida se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de reducir la intervención estatal, incluso en áreas sensibles como el acceso a la vivienda, históricamente considerado un motor de movilidad social.
En el fondo, lo que está en juego es el modelo de país: uno donde el Estado se retira del acompañamiento a las familias trabajadoras y deja que el mercado decida quién puede o no tener una casa. En ese contexto, el “sueño de la casa propia” se desvanece para la mayoría y se reafirma la desigualdad estructural: mientras algunos pocos pueden capitalizarse, millones quedan atrapados en un ciclo de alquileres crecientes, créditos impagables y horizonte incierto.
