El ajuste de Acindar golpea a una cooperativa: más de 100 familias en riesgo de perder sus ingresos

La cooperativa Cooperar 7 de Mayo, histórica contratista de Acindar en Villa Constitución, se encuentra al borde del colapso. Más de 100 familias podrían perder sus ingresos como consecuencia directa del ajuste en la obra pública, la apertura indiscriminada de importaciones y la parálisis productiva que afecta a la principal siderúrgica de la ciudad.

Este lunes se desarrollará una audiencia clave en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe que podría definir el destino de 138 trabajadores.

El caso es paradigmático: una organización nacida en 1995, durante la crisis del menemismo, que logró sobrevivir más de dos décadas como símbolo de recuperación obrera, enfrenta hoy una amenaza existencial a raíz de las políticas económicas del presidente Javier Milei.

El cierre del Tren Laminador N.º 2 por parte de Acindar, junto con el anuncio de que dejarán de utilizar los servicios de la cooperativa, significó el golpe de gracia para una estructura que llegó a emplear a 265 personas en su punto más alto.

“Nos pidieron que despidiéramos a 60 compañeros, pero nos negamos. Preferimos ganar menos, pero que nadie quede en la calle”, explicó Cristian Horton, referente de la cooperativa.

La decisión de resistir los despidos desencadenó un paro avalado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), lo que provocó que Acindar cortara de forma total los servicios brindados por Cooperar, dejando a los trabajadores sin ingresos. A esto se suma una negativa de la empresa a pagar el bono acordado por convenio, demoras en los pagos y el anuncio de que no se contemplarán indemnizaciones, bajo el argumento de que los trabajadores son “monotributistas”.

La crisis de Cooperar 7 de Mayo no es un caso aislado, sino el reflejo de un patrón de desmantelamiento productivo. Desde el sector sindical advierten que el recorte en infraestructura, el desfinanciamiento del Estado y la liberalización del comercio están devastando al cordón industrial santafesino. Las tercerizadas de Acindar, que representan la mitad de la fuerza laboral vinculada a la empresa, observan con atención la resolución de este conflicto, que podría marcar un precedente nacional.

Pablo González, secretario general de la UOM local, fue contundente: “Estamos padeciendo el peor escenario desde 2001. Acindar pretende que los costos de su reestructuración los paguen los trabajadores, mientras se beneficia de un modelo económico que prioriza a las grandes empresas en detrimento de la producción nacional”.

La cooperativa, que hace apenas dos años invirtió 50 millones de pesos en infraestructura, ve hoy su futuro truncado. Su historia, forjada con esfuerzo y autogestión obrera, se estrella contra un modelo que desarma las redes de contención social y desarticula el tejido industrial con el argumento del “orden fiscal”.

En Villa Constitución —donde Javier Milei obtuvo un fuerte respaldo electoral— crece la sensación de decepción. Lo que prometía ser un ajuste a la “casta” está afectando a los sectores más vulnerables del trabajo formal. “No es vivir de la teta del Estado —advirtió Horton—, es pensar en un país que invierta, que desarrolle tecnología, infraestructura, que genere empleo genuino”.

La audiencia de este lunes será decisiva. Lo que está en juego no es solo el futuro de una cooperativa: es la viabilidad de un modelo productivo con inclusión, frente a un paradigma de ajuste que amenaza con transformar el cordón industrial santafesino en un desierto laboral.