El abogado de Cristina Kirchner amenazó con avanzar contra Milei y su hermana en causa ANDIS
El desarrollo de esta causa será clave en las próximas semanas, no solo por sus implicaciones penales, sino por su potencial para redefinir el mapa de confrontaciones políticas entre el kirchnerismo y el Gobierno de Milei .
El reciente avance en la judicial por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) elevó significativamente la tensión política, luego de que el abogado Gregorio Dalbón , representante legal de Cristina Fernández de Kirchner , dirigió una advertencia explícita al presidente Javier Milei ya su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .
La amenaza, expresada por Dalbón a través de la red social X con la frase «Voy por vos y por tu hermana», se produce inmediatamente después de que la justicia citara a indagatoria al ex titular de la ANDIS. Esta cita marca un punto de inflexión en la causa, que investiga presunto direccionamiento de compras, sobreprecios y cobro de sobornos en la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo destinados a personas con discapacidad.
Desde la perspectiva del letrado, la investigación revela un «sistema oscuro de proveedores, empresas vinculadas y operadores» que habría desviado fondos esenciales. Dalbón subraya el agravante ético y social del caso, calificando la corrupción no solo como un delito financiero, sino como «violencia institucional contra un sector vulnerable que jamás debería haber sido usado como negocio».
Implicaciones políticas y el mensaje de «caiga quien caiga»
El tono beligerante de la advertencia de Dalbón transforma una causa judicial por corrupción administrativa en un flanco de confrontación directa contra la cúpula del Gobierno .
La estrategia legal del abogado, quien promovió la denuncia inicial, parece buscar la extensión de las responsabilidades más allá de los funcionarios directamente imputados en la agencia. Al asegurar que la investigación «empieza a avanzar sobre cada uno de los responsables» y al sentenciar que «las responsabilidades políticas, administrativas y penales deberán surgir con claridad, quien quiera que caiga», Dalbón establece un claro objetivo: que la justicia determine si existieron responsabilidades políticas superiores en la supervisión o control de estos fondos.
