Dólares del colchón: entre la revolución monetaria de Milei y los límites de las normas internacionales

El ambicioso plan del Gobierno para «blanquear» los dólares que los argentinos atesoran fuera del circuito financiero formal, conocidos popularmente como los «dólares del colchón», se enfrenta a un obstáculo mayor: el marco normativo internacional.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió este viernes que el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, fue postergado por no cumplir —al menos por ahora— con los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo del cual Argentina es miembro y que regula la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

«Estamos adheridos al GAFI y cumplimos con todas sus normas», declaró Francos en una entrevista radial. Así, el Gobierno reconoció que el diseño legal del proyecto aún no está cerrado y que incluso se evalúa si la medida debe pasar por el Congreso de la Nación.

La intención del Ejecutivo es clara: incentivar que los ahorristas dejen de esconder sus dólares fuera del sistema —en cajas de seguridad, en sus hogares o directamente en el exterior— y los incorporen a la economía sin temor a persecuciones fiscales o penales. Pero la implementación de esta medida choca con las reglas internacionales sobre trazabilidad de fondos y control de origen de capitales.

Una tensión entre el discurso libertario y la legalidad internacional

Desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei ha defendido con vehemencia la libertad económica como principio rector de su política monetaria. En su participación en el 42º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Milei volvió a cargar contra el Estado como ente opresor, afirmando que quienes «fugaron» dinero no eran delincuentes, sino «héroes» que escaparon de un sistema que buscaba expropiarles sus ahorros mediante la inflación y los controles cambiarios.

“El que fugó la plata no es un delincuente, es un héroe”, sentenció el mandatario, en una frase que condensa su visión sobre el rol del Estado en la economía. “Nosotros cumplimos con la promesa de permitir transacciones en la moneda que quieran, pero los argentinos no lo hacen porque tienen miedo. Miedo a que los persigan”, agregó, apuntando directamente contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo que aún no tiene estructura definida, pero al que el Presidente asigna un rol clave en este rediseño del sistema económico.

Obstáculos legales y desafíos institucionales

El problema, sin embargo, es que la propuesta implica flexibilizar normas que podrían entrar en conflicto con convenios internacionales y regulaciones de prevención de delitos económicos. El blanqueo de capitales, aunque tentador para captar divisas, exige ciertos requisitos mínimos de control, algo que el GAFI exige a todos sus países miembros para evitar que estos programas sean utilizados para lavar dinero de origen ilícito.

El Gobierno enfrenta así un dilema estructural: cómo promover una «revolución monetaria de la libertad», como la definió Milei, sin caer en el incumplimiento de compromisos internacionales que podrían afectar la reputación financiera del país e incluso sus posibilidades de acceso al crédito externo.

Un proyecto aún en el limbo

Francos fue claro al señalar que el proyecto todavía no está listo. “Hay muchas aristas jurídicas que están siendo analizadas”, dijo. Y aunque tanto Caputo como Milei han adelantado aspectos del plan en distintos foros, el anuncio oficial sigue sin concretarse, en parte por la complejidad de encontrar un equilibrio entre el discurso político y el encuadre legal.

Lo que parece evidente es que, detrás de la retórica encendida, hay un esfuerzo concreto por captar los miles de millones de dólares que circulan fuera del sistema. Pero la puerta de entrada a esa «libertad monetaria» prometida no será tan fácil de abrir: necesita la llave de la legalidad internacional.