Docentes universitarios advierten: Milei podría enfrentar una denuncia penal si no reglamenta la ley de financiamiento
¿Defenderá Milei su cruzada ideológica aun a riesgo de enfrentar la Justicia y profundizar la crisis social? ¿O aceptará, aunque a disgusto, que en democracia no se gobierna solo con decretos, sino también respetando las leyes?
La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) volvió a poner en el centro del debate el rol del presidente Javier Milei frente a la Ley de Financiamiento Universitario.
El gremio, conducido por Daniel Ricci, anticipó que denunciará penalmente al mandatario por incumplimiento de los deberes de funcionario público si no cumple con la obligación de reglamentar una norma ya sancionada y convalidada por el Congreso.
El conflicto no es un mero intercambio gremial-gubernamental: revela el choque entre un Poder Ejecutivo que pretende imponer su lógica de ajuste y desfinanciamiento, y un sistema universitario que considera que el recorte presupuestario compromete la supervivencia misma de la educación pública en Argentina. FEDUN fue tajante: “no hay ningún argumento” para desconocer la ley, y hacerlo sería, además de ilegal, un acto contrario a la democracia.
El Código Penal argentino es explícito en sus artículos 248 y 249: la omisión, negativa o demora en el cumplimiento de funciones constituye delito. Si Milei no reglamenta la ley antes del 17 de octubre, quedará expuesto no solo a un conflicto judicial, sino también a un nuevo frente político y social. Incluso si la promulgación operara de hecho, la dilación del Ejecutivo sería leída como una maniobra para debilitar un consenso parlamentario que rechazó de manera contundente el veto presidencial.
El trasfondo es claro: el Gobierno impulsa un proyecto de Presupuesto 2026 que, según los gremios docentes, consolida un ataque directo a la educación pública, con recortes que afectan infraestructura, salarios, programas de inclusión y fondos como el FONID. En ese marco, la amenaza de FEDUN se suma al paro nacional convocado por CTERA, en rechazo a la política de ajuste educativo del oficialismo.
El punto neurálgico es político más que administrativo: reglamentar una ley que garantiza recursos para las universidades implica admitir que la voluntad del Congreso se impuso al proyecto ideológico de Milei. Resistirse a ello lo colocaría en una posición peligrosa: la de un presidente que, por sostener su narrativa de “motosierra”, desoye la ley, la democracia y las instituciones.
En definitiva, lo que está en juego no es únicamente el financiamiento universitario, sino la capacidad del sistema político argentino de sostener límites al poder presidencial. La denuncia anunciada por los docentes universitarios trasciende lo corporativo y se convierte en una advertencia sobre el costo de gobernar desde el incumplimiento.
