Dina Boluarte promulga ley de amnistía para policías y militares que violaron derechos humanos
La norma, que alcanza a procesados sin sentencia firme y a condenados mayores de 70 años por delitos relacionados con la lucha contra el terrorismo, podría beneficiar a responsables de muertes en casos como La Cantuta y Barrios Altos.
La presidenta Dina Boluarte promulgó este miércoles en el Palacio de Gobierno una polémica ley de amnistía a favor de policías, militares y comités de autodefensa que habrían violado derechos humanos entre 1980 y 2000, contraviniendo la opinión de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la ceremonia estuvieron presentes el congresista de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, varios ministros de Estado y un conjunto de oficiales de las Fuerzas Armadas. Boluarte y su gabinete defendieron la amnistía y criticaron a la CIDH por oponerse a la medida. La mandataria, en un pronunciamiento citado en julio, afirmó: “el Perú es libre, independiente, con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo… No lo vamos a permitir”.
El impulso de la medida provino del fuero político. Fernando Rospigliosi, entonces presidente de la Comisión de Constitución, presentó el proyecto y defendió la iniciativa ante la Comisión Permanente, señalando que la amnistía respondía a una “necesidad de justicia” y a saldar una “deuda moral” del Estado con quienes derrotaron al terrorismo en las décadas de 1980 y 1990, sin mencionar, según la crónica, a las víctimas civiles. Argumentó además que la norma permitiría corregir violaciones al derecho al plazo razonable de los procesos judiciales, señalando que hay más de mil personas en esa situación.
La aprobación legislativa previa de la amnistía se remonta al 9 de julio, cuando la Comisión Permanente dio segunda votación al texto con el respaldo de congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos, Avanza País y Honor y Democracia. A la fecha límite del 15 de agosto, el Ejecutivo debía promulgarla o devolverla al Parlamento con observaciones, si así lo consideraba.
En el marco de la polémica, voces institucionales expresaron reservas. La CIDH exhortó al Estado peruano, en junio, a abstenerse de aprobar amnistías por graves violaciones a los derechos humanos. La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó el 1 de agosto que la ley de amnistía sólo generaría impunidad y subrayó que la CIDH ha pedido al Estado no avanzar en esa dirección. Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, sostuvo el 15 de julio que la norma no guarda armonía con la Constitución ni con la Convención Americana de Derechos Humanos, y que las amnistías deberían ser caso por caso; consideró que una ley de amnistía de carácter masivo requeriría revisión por parte del Congreso o del Ejecutivo.
Críticas y defensas sobre la amnistía continuarán en el debate público y, para muchos observadores en derechos humanos, la medida mantiene aguas profundas de controversia respecto a la responsabilidad de violaciones a los derechos humanos durante décadas de lucha antiterrorista.
