Detienen al ex líder del sindicato de feriantes y a un cómplice por estafar y amenazar a puesteros de La Salada
La causa, llevada adelante por el fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armella, acusa a ambos de defraudar a comerciantes por montos superiores a 40 millones de pesos.
En el marco de una investigación judicial que examina delitos como estafas y amenazas en la feria más grande del país, Walter Aníbal Godoy, ex titular del sindicato de feriantes SUTFRA, y su presunto cómplice Jonatan Rojas fueron detenidos durante el último fin de semana largo.
Según la investigación, Godoy y Rojas se presentaban como gestores judiciales capaces de resolver bloqueos que impedían a los feriantes acceder a sus puestos en el complejo de La Salada, en Ingeniero Budge, a cambio de sumas millonarias. Los denunciantes, en su mayoría inmigrantes bolivianos, pagaron alrededor de 35 millones de pesos con la promesa de que podrían retomar sus actividades comerciales tras la clausura del predio el año pasado. Sin embargo, las gestiones nunca se concretaron y, en varios casos, se solicitaron pagos adicionales bajo falsas promesas.
Para dar verosimilitud a sus ofrecimientos, los acusados utilizaron documentos falsificados supuestamente emitidos por la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, correos electrónicos apócrifos y un amparo judicial manipulado. Cuando la maniobra comenzó a ser investigada, Godoy y Rojas recurrieron a amenazas con armas de fuego, incluyendo intimidaciones directas contra los feriantes, con mensajes de muerte que profundizaron el temor entre los trabajadores.
La denuncia colectiva, que involucra a 41 comerciantes del predio Ocean-El Playón, incluye cargos por estafa reiterada, tráfico de influencias, falsificación de documentos, asociación ilícita, difamación, coacción y amenazas agravadas.
El caso se tramita en la Justicia Federal y sigue de cerca organismos internacionales debido a su relevancia en materia de crimen organizado y lavado de activos.
El trasfondo del conflicto refleja además una disputa histórica sobre los derechos laborales y el reconocimiento de años de contribuciones de los feriantes, muchos de los cuales pagaron alquileres durante décadas por puestos que no figuran en registros oficiales.
La clausura del predio en mayo pasado y la intervención judicial posterior dejaron a numerosas familias sin ingresos, creando un terreno propicio para la aparición de intermediarios que ofrecían “soluciones rápidas” a cambio de dinero, situación que ahora es objeto de investigación penal.
