Detenciones y protesta ambiental reavivan la tensión política en torno a la reforma de la Ley de Glaciares
La detención de activistas de Greenpeace frente al Congreso volvió a exponer el nivel de conflictividad que rodea la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que el oficialismo busca aprobar en la Cámara de Diputados.
El operativo policial, realizado en horas de la mañana con intervención de bomberos, no solo desactivó la protesta sino que también puso en evidencia la creciente confrontación entre el Gobierno y organizaciones ambientalistas.
La manifestación tuvo lugar en las inmediaciones del Monumento a los Dos Congresos, donde un grupo de activistas desplegó consignas contra la iniciativa oficial. Algunos de ellos escalaron el monumento mientras otros permanecían en el suelo, rodeados por fuerzas de seguridad. La escena, registrada por medios como C5N, reflejó un operativo coordinado que priorizó el control del espacio público en una zona de alta visibilidad política.
Más allá del episodio puntual, la protesta se inscribe en un contexto de creciente resistencia a los cambios propuestos sobre la Ley 26.639. La reforma impulsa una redefinición de las áreas protegidas, limitando la tutela ambiental a glaciares con función hídrica comprobable y otorgando mayor poder a las provincias en la delimitación de zonas resguardadas. Para organizaciones como Greenpeace, esto implica una flexibilización que podría abrir la puerta a la expansión de actividades extractivas, particularmente la minería.
El antecedente de manifestaciones similares durante el debate en el Senado muestra que la conflictividad no es aislada, sino parte de una estrategia sostenida de visibilización por parte de sectores ambientalistas. En paralelo, el oficialismo sostiene que cuenta con los apoyos necesarios para avanzar con la ley, lo que anticipa un escenario de mayor polarización.
El episodio refleja una doble disputa: por un lado, el control de la agenda legislativa en un tema sensible; por otro, la legitimidad social de una reforma que toca intereses económicos y recursos estratégicos como el agua dulce. La posible judicialización del proyecto, ya mencionada por sectores opositores, sugiere que el conflicto podría extenderse más allá del Congreso y trasladarse al ámbito de los tribunales.
