Desalojaron a un jubilado discapacitado que no puede pagar el alquiler
El hecho ocurrió este miércoles en un departamento ubicado en el barrio de Recoleta, donde residía sin poder afrontar el alquiler, las expensas ni los servicios desde hacía dos años.
El desalojo de Ernesto, un jubilado de 60 años con discapacidad, expone con crudeza una problemática que se profundiza en las grandes ciudades: la creciente dificultad de los sectores más vulnerables para sostener una vivienda en un contexto económico cada vez más restrictivo.
La intervención incluyó un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por equipos de asistencia social del gobierno porteño. Aunque se intentó gestionar una solución habitacional de urgencia, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre un destino concreto para el hombre, que quedó en una situación de extrema vulnerabilidad.
El caso no puede leerse de manera aislada. Se inscribe en un escenario más amplio marcado por la pérdida sostenida del poder adquisitivo, especialmente entre jubilados que perciben haberes mínimos. Sin redes de contención familiar —su única hermana atraviesa dificultades similares—, Ernesto representa el rostro más visible de un fenómeno que crece en silencio: personas mayores que, tras años de trabajo, no logran sostener condiciones básicas de subsistencia.
Durante el procedimiento, también intervino el Sistema de Atención Médica de Emergencias para evaluar su estado de salud, afectado tanto por su condición física como por el impacto emocional del desalojo.
Las imágenes del traslado reflejaron el nivel de angustia de una situación que, lejos de ser excepcional, empieza a repetirse con mayor frecuencia.
Según datos oficiales del Ministerio de Capital Humano, el 60% de las personas en situación de calle cayó en esa condición en los últimos dos años. La cifra no solo da cuenta de un deterioro acelerado, sino también de la insuficiencia de las políticas públicas para contener a quienes quedan fuera del sistema.
El desalojo de Ernesto, que ya había enfrentado un intento similar el año pasado, vuelve a poner en discusión el equilibrio entre el cumplimiento de normas contractuales y el derecho a la vivienda. En un contexto de crisis, la aplicación estricta de estas medidas sin alternativas efectivas termina trasladando el problema desde un departamento impago hacia la calle, donde las consecuencias son mucho más difíciles de revertir.
