Denuncian el uso de Gendarmería como herramienta privada en conflictos gremiales
La denuncia sobre un presunto ofrecimiento de efectivos de Gendarmería Nacional para intervenir en una asamblea protegida por conciliación obligatoria sugiere una privatización de la fuerza pública.
La reciente intervención de la senadora Florencia Arietto en el conflicto laboral de la empresa Lustramax desató un escándalo que trasciende la disputa gremial para instalarse en el terreno de la institucionalidad.
Según consignó el portal Data Gremial, este mecanismo, que algunos sectores denominan como un servicio de seguridad a pedido, pone en riesgo el Estado de derecho al subordinar recursos federales a intereses particulares de una consultora de seguridad privada.
El despliegue de móviles federales en Tortuguitas sin una orden judicial ni requerimiento del Ministerio Público Fiscal constituye una anomalía grave en los procedimientos democráticos. Mientras el fiscal interviniente deslindó responsabilidades de manera oficial, la presencia de las fuerzas de seguridad funcionó como un elemento de presión psicológica contra trabajadores que enfrentan despidos.
Esta metodología parece consolidar un modelo de gestión de conflictos donde la mediación legal es reemplazada por el amedrentamiento, utilizando la cercanía política con el Ministerio de Seguridad de la Nación para saltear las jurisdicciones provinciales.
La conexión entre la actividad legislativa de Arietto, su participación en el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos y la empresa Halconar plantea un conflicto de intereses que merece un análisis profundo.
Al ofrecer paquetes que incluyen asesoría legal y despliegue mediático junto con la presencia de uniformados, se desvirtúa la función de las fuerzas de seguridad, que deben velar por el orden público y no actuar como guardia preterintencional de patronales en conflicto.
Este avance represivo no solo vulnera el derecho a la protesta sindical, sino que establece un peligroso precedente de uso discrecional de la violencia estatal para resolver disputas del ámbito laboral.
