Denuncian al intendente de Mar del Plata Montenegro por hostigamiento a personas en situación de calle
La presentación judicial recayó sobre el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, y la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, acusados de homicidio, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La muerte de Gustavo Héctor Cabello, de 52 años, en plena vía pública durante la intensa ola polar que atraviesa el país, desnudó una trama alarmante en Mar del Plata: organizaciones sociales y vecinos denuncian la existencia de una “patota municipal” que hostiga, golpea y despoja de sus pertenencias a personas en situación de calle.
La denuncia fue presentada por Julio Hikkilo, de la Casa del Trabajador, quien trazó un panorama crítico: “En lugar de implementar políticas integrales de contención e inclusión, el Ejecutivo local despliega una estrategia represiva que criminaliza la pobreza y persigue a quienes viven en la calle”. Según el escrito, las patrullas municipales actúan como una “fuerza de choque” que recorre la ciudad desalojando violentamente a personas en situación de vulnerabilidad, arrebatándoles mantas y objetos básicos donados por la solidaridad de la comunidad.
Los testimonios recabados en la denuncia describen una práctica cotidiana de intimidación y violencia institucional, que se agrava en el contexto de las bajas temperaturas extremas. En el caso de Cabello, se señaló que la Patrulla Municipal le habría quitado sus abrigos días antes de su muerte, exponiéndolo aún más a las condiciones climáticas adversas. Para los denunciantes, esta situación revela no solo un desprecio por la dignidad humana, sino una violación flagrante del derecho a la vida.
La Mesa contra la Violencia Estatal de General Pueyrredon también cuestionó el accionar de la gestión municipal, a la que acusa de ignorar denuncias previas, notas y hábeas corpus que advirtieron sobre el hostigamiento sistemático a la población callejera. Según sostienen, la mayoría oficialista en el Concejo Deliberante archiva automáticamente cualquier pedido de informe o investigación, blindando políticamente a la gestión de Montenegro y negando respuestas a las organizaciones.
En un marco de emergencia social agravado por las temperaturas extremas, la denuncia interpela al Estado municipal por su falta de políticas efectivas para proteger a quienes atraviesan la pobreza más cruda. La muerte de Cabello, lejos de ser una tragedia inevitable, expone la crudeza de un modelo que estigmatiza la marginalidad y la combate con violencia, en lugar de garantizar asistencia y cuidados elementales.
Al conocerse el caso, la Secretaría de Desarrollo Social municipal deslindó responsabilidades y afirmó que Cabello había rechazado ayuda en otras oportunidades. Sin embargo, para los vecinos y organizaciones, eso no justifica la presunta violencia estatal ni el despojo de recursos básicos de supervivencia.
Este episodio, que podría replicarse en otras ciudades del país, vuelve a poner en el centro del debate una pregunta urgente: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Estado cuando el derecho a la vivienda, la salud y la vida misma quedan vulnerados por su propia inacción —o peor aún— por su represión?
