Denuncian a Caputo y Bearzi por usar fondos de los jubilados para frenar suba del dólar
La denuncia, que involucra un posible desvío de recursos públicos hacia operaciones fuera del control estatal, fue presentada ante la Justicia por la Asociación Civil «Arco Social» y recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y la fiscalía de Franco Picardi.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el director ejecutivo de la ANSES, Fernando Bearzi, fueron denunciados por presuntamente usar los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), destinados a garantizar los ingresos de los jubilados, para intervenir en el mercado cambiario.
La acusación sostiene que ambos funcionarios habrían recurrido a los recursos del FGS para operar en el mercado de bonos, con el fin de frenar la suba del dólar financiero. Este tipo de operaciones, según los denunciantes, podrían estar relacionadas con estructuras offshore y desviar los fondos a vehículos financieros no supervisados por el Estado.
Alejandro Díaz Pascual, miembro de la Asociación Civil “Arco Social”, destacó que la denuncia se basa en la vinculación de los funcionarios con sociedades offshore. En el caso de Caputo, cuando asumió el cargo de ministro de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri, no informó su vinculación con una sociedad offshore de la que fue accionista, lo que generaría un posible conflicto de intereses en la administración de fondos públicos.
“Los funcionarios públicos que participan en sociedades offshore deben garantizar la transparencia en el manejo de los recursos estatales. El hecho de no haber informado esta relación pone en duda la integridad y ética de su gestión”, afirmó Díaz Pascual.
La denuncia subraya la necesidad de un control estricto sobre el manejo de los fondos del FGS, dada su importancia para los jubilados y el bienestar de los sectores más vulnerables de la población. «El manejo indebido de estos fondos puede generar perjuicios directos para los jubilados, un sector que ya enfrenta múltiples dificultades económicas», agregó el denunciante.
Además, la denuncia resalta que Bearzi, actual titular de la ANSES, también tiene vínculos con sociedades offshore. El funcionario trabajó anteriormente en Noctua Partners II LP4, una firma con sede en Miami y Delaware, y con actividades en las Islas Caimán, lo que agrava las dudas sobre la transparencia de sus decisiones.
La Asociación Civil «Arco Social» solicitó la implementación de una medida cautelar para impedir que el gobierno siga utilizando los recursos del FGS de esta manera hasta que se realice una investigación más profunda sobre las implicaciones legales y económicas de estas operaciones.
“Es esencial que se implemente un mecanismo de control efectivo para evitar que los recursos destinados a los jubilados y a la población vulnerable sean mal administrados o desviados a fines ajenos al interés público”, concluyó Díaz Pascual.
La denuncia pone en evidencia una posible grave irregularidad en la administración de los fondos públicos, con implicaciones que podrían afectar tanto la estabilidad financiera del sistema de jubilaciones como la confianza de la ciudadanía en la gestión gubernamental.
