Cúneo Libarona defendió la baja de imputabilidad a 14 años: «El que las hace las paga”

A la espera del tratamiento en el Senado, el funcionario sostuvo que la nueva ley debe ofrecer “una nueva oportunidad” a los jóvenes que delinquen y, al mismo tiempo, garantizar a las víctimas que “hay justicia”. El debate legislativo, así, se encamina a discutir no solo la edad de imputabilidad, sino también el modelo de política criminal juvenil que el Estado argentino pretende consolidar.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió el proyecto de Régimen Penal Juvenil que propone reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, al sostener que la ley debe “transmitirle a la sociedad que el que las hace las paga”.

Su argumentación combina dos ejes: por un lado, la necesidad de enviar un mensaje de límite y respuesta estatal frente al delito; por otro, la incorporación de garantías y herramientas orientadas a la reinserción de los menores en conflicto con la ley.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario afirmó que el sistema vigente “fracasó” y que la iniciativa —compuesta por 46 artículos y con media sanción parlamentaria— busca modernizar el abordaje penal juvenil. Según su diagnóstico, la normativa actual genera “impunidad” al no prever un tratamiento adecuado para adolescentes que cometen delitos graves, lo que, a su juicio, también impide su recuperación.

Cúneo Libarona describió un escenario de creciente participación de menores en hechos violentos, incluyendo homicidios, abusos y delitos vinculados a la explotación sexual, y sostuvo que el Estado debe establecer límites claros. Sin embargo, subrayó que el proyecto no contempla la prisión perpetua y que prevé el cumplimiento de penas en institutos especializados, con separación por género, personal capacitado y supervisión individual de cada caso, incluyendo articulación con las familias.

El ministro también destacó que la reforma estaría acompañada por financiamiento específico, programas de educación obligatoria y actividades deportivas, con el objetivo de favorecer la reinserción social. En ese sentido, planteó que la iniciativa busca equilibrar la respuesta punitiva con un esquema de derechos y obligaciones para los menores.