Cúneo Libarona acusó al macrismo de usar la UIF para perseguir opositores
El reciente cruce entre el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el exdirector de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, reavivó la discusión sobre el rol del organismo en causas de corrupción y su supuesta utilización con fines políticos durante el gobierno de Mauricio Macri.
La polémica se desató luego de que Federici cuestionara públicamente la decisión del Gobierno actual de eliminar, mediante decreto, la facultad de querellar de la UIF en investigaciones por lavado de dinero y corrupción. En respuesta, Cúneo Libarona no sólo defendió la medida, sino que acusó directamente al exfuncionario de haber usado el organismo como instrumento de persecución contra opositores.
Uno de los argumentos centrales del Gobierno es el respaldo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que supervisa las políticas contra el lavado de activos. Cúneo Libarona citó textualmente un pasaje del informe de GAFI que expresa preocupación por el uso selectivo de las querellas tras cambios de gobierno, insinuando que esas prácticas fueron comunes durante la gestión de Cambiemos.
Un debate más profundo: ¿Qué rol debe tener la UIF?
La eliminación de la facultad de querellar por parte de la UIF no es solo una cuestión técnica o legal. Detrás de esta decisión se esconde un debate político e institucional más amplio: ¿debe un organismo técnico como la UIF tener un rol activo en los procesos judiciales o limitarse a tareas de análisis financiero y prevención?
Para el Gobierno actual, la respuesta es clara. “La eliminación de la facultad de querellar es un paso más hacia el saneamiento moral del Estado, el respeto a la división de poderes y la recuperación de organismos públicos que deben actuar con objetividad e independencia”, sentenció Libarona.
En línea con esa idea, el Ministerio de Justicia reafirmó su compromiso con una mayor transparencia institucional y con el fortalecimiento de un Estado que actúe con neutralidad.
Sin embargo, para algunos sectores de la oposición y especialistas en transparencia, la medida genera dudas. Argumentan que la UIF, al perder poder de intervención directa en causas judiciales, podría debilitar su eficacia como herramienta de lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.
