Cuestionan que una petrolera sancionada por actividades en Malvinas acceda a beneficios del RIGI
La discusión no se limita a una empresa, sino que pone en debate hasta qué punto la política de promoción de inversiones mantiene criterios consistentes con la estrategia de soberanía energética y territorial del país.
Una nueva controversia pone bajo la lupa la política energética del Gobierno y, al mismo tiempo, su estrategia en torno a la soberanía de las Islas Malvinas.
El diputado Maximiliano Ferraro denunció que Harbour Energy, una compañía británica sancionada por la Argentina por actividades hidrocarburíferas en el área en disputa, participa de un proyecto energético beneficiado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
De acuerdo con la denuncia del presidente de la Coalición Cívica, Harbour Energy posee el 15% de Southern Energy, empresa que participa de una iniciativa aprobada por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025. El proyecto contempla la producción y exportación de gas natural desde Río Negro y fue incorporado al esquema de incentivos diseñado para atraer grandes inversiones.
El planteo adquiere especial relevancia por el antecedente de la compañía. Ferraro sostiene que Harbour Energy es la misma sociedad que anteriormente operaba bajo la denominación Premier Oil PLC, nombre que fue modificado en 2021 como parte de una estrategia corporativa. Es decir, el cambio de denominación no implicaría una ruptura de la estructura jurídica señalada en los antecedentes de la sanción.
La empresa había sido alcanzada en 2013 por las restricciones establecidas en la Ley 26.659, que establece sanciones para compañías que desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la correspondiente autorización del Estado nacional.
La polémica surge, además, en un momento particularmente sensible. Mientras el Gobierno endurece su postura frente a empresas vinculadas con la explotación de recursos en torno a las Malvinas, la participación de una compañía cuestionada por esos mismos antecedentes dentro de un emprendimiento favorecido por el RIGI abre interrogantes sobre la coherencia entre ambas políticas.
El proyecto energético en Río Negro tiene una escala considerable y contempla la llegada periódica de buques con alrededor de 3.500 tubos destinados a las tareas de instalación de infraestructura para el transporte de gas. La magnitud de la iniciativa permite dimensionar también el alcance económico de los beneficios asociados al régimen de inversiones.
La denuncia de Ferraro coloca así al Gobierno frente a una cuestión que excede el caso empresarial puntual: ¿puede una compañía sancionada por actividades relacionadas con la explotación hidrocarburífera en el área de Malvinas beneficiarse indirectamente de un régimen de incentivos promovido por el propio Estado argentino?
