Críticas a la UTA tras el acuerdo para desactivar el paro de colectiveros
En un día marcado por intensas repercusiones políticas y sindicales, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) logró desactivar el paro de colectivos que amenazaba con paralizar el transporte público en todo el país. Este acuerdo, celebrado entre la UTA, el Gobierno y las cámaras empresarias, no estuvo exento de controversias y críticas, particularmente hacia el líder del gremio, Roberto Fernández, y hacia la postura adoptada por el Gobierno de Javier Milei.
Desde el fondo del gremialismo adverso, Pablo Moyano, secretario general de la CGT y figura prominente de Camioneros, fue uno de los primeros en realizar dardos en dirección a Fernández. Su insatisfacción se exacerba por la decisión de la UTA de no unirse al paro nacional de transporte, que sí convocó a múltiples sectores, incluyendo trenes, aviones y subtes. “Fernández amenaza y acuerda, siempre fue su estilo”, expresó un dirigente cercano a Moyano, quien lamentó que la UTA no se haya sumado al paro, argumentando que un frente unido hubiera aumentado la fuerza de la medida de protesta.
Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, intensificó las acusaciones al afirmar que “es histórico que traiciona a sus trabajadores”. La crítica se extendió entre sectores más radicalizados de la izquierda, que argumentaron que la UTA fragmentó la iniciativa y terminó rindiéndose ante las presiones del Gobierno y las empresas.
La respuesta de la UTA, que reclamaba un aumento del 24,7% en los salarios de los choferes, pretendía alcanzar una cifra básica de $1.200.000. Sin embargo, el acuerdo resultó ser significativamente inferior, con un incremento acordado que incrementará el salario a $1.200.000 en enero de 2025, empezando desde $1.140.000 en noviembre y alcanzando $1.160.000 en diciembre.
Por si fuera poco, el Gobierno, inicialmente reticente a aumentar subsidios, cambió de postura para evitar un conflicto mayores. Funcionarios de la Casa Rosada habían declarado que “no hay más plata”, pero finalmente autorizó la entrega de $18.700 millones en subsidios adicionales al transporte, a pesar de los temores de que esto pudiera tener efectos adversos en la inflación.
Este juego de negociaciones dejó en claro un panorama complejo: mientras el Gobierno busca mantener un equilibrio en su política fiscal en un contexto de inflación persistente, el sindicalismo muestra fisuras entre las diferentes corrientes que lo conforman. Las críticas hacia Fernández no solo se centran en su liderazgo, sino que también evidencian la respuesta errática de un sindicalismo que necesita reinventarse ante un nuevo escenario político donde la gobernabilidad parece ir en contra de los intereses de la base trabajadora.
Con la participación activa de la Secretaría de Trabajo y la presencia de dirigentes cercanos a Fernández, el acuerdo logró cerrar una herida abierta a tiempo, pero las tensiones que emergieron durante este conflicto marcan un camino dificil para el futuro del sector y de la UTA. La sensación de descontento entre los colectiveros podría resurgir en cualquier momento, en un contexto donde las promesas no siempre se cumplen y las necesidades de los trabajadores quedan, nuevamente, en un segundo plano.
