Cristina Kirchner llevó su condena ante la ONU y busca revertir la inhabilitación política

Un pronunciamiento internacional podría adquirir relevancia en el plano institucional y jurídico. Los criterios y observaciones del Comité pueden ser utilizados como antecedentes en futuros debates sobre derechos humanos y garantías procesales, por lo que la presentación abre ahora una nueva instancia de discusión sobre una causa que ya atravesó todas las etapas de la Justicia argentina.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un planteo para que el organismo internacional analice el proceso judicial que derivó en su condena en la denominada Causa Vialidad.

El objetivo de los abogados es que se revisen las supuestas vulneraciones de derechos denunciadas durante el juicio y que se deje sin efecto la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La presentación fue realizada este martes por los abogados Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. El escrito incorpora nuevos elementos que la defensa había difundido públicamente el pasado 15 de septiembre, durante una conferencia de prensa.

Uno de los principales argumentos planteados por los letrados apunta al destino de los recursos asignados a la Dirección Nacional de Vialidad durante los gobiernos de Cristina Kirchner. Según la defensa, la documentación incorporada demostraría que las empresas vinculadas a Lázaro Báez recibieron menos del 1% de los fondos destinados al organismo durante ese período.

A partir de esa información, los abogados sostienen que pierde sustento la hipótesis de que desde el Gobierno nacional se hubiera instrumentado una maniobra destinada a favorecer al empresario santacruceño. Según su interpretación, las empresas de Báez se encontraban entre las de menor participación en la distribución de recursos, mientras que las firmas que encabezaban ese listado no mantenían vínculos con la administración de entonces.

La estrategia internacional de la expresidenta se produce después de que la condena quedara firme en la Justicia argentina. La Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa y confirmó, de manera unánime, la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2.

La condena establece seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Actualmente, Cristina Kirchner cumple la pena bajo prisión domiciliaria en su vivienda del barrio porteño de Constitución.

Ahora, el planteo quedó en manos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, un órgano integrado por 18 expertos independientes encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo suscribieron.

El Comité tiene prevista una nueva reunión en octubre y, según el planteo de la defensa, allí podría comenzar a analizarse el caso de la exmandataria. Sin embargo, cualquier eventual pronunciamiento del organismo tendrá un alcance diferente al de una sentencia de la Justicia argentina: sus decisiones no tienen carácter vinculante en los mismos términos que una resolución judicial nacional.