Crisis científica: ya se perdieron más de 4.000 empleos, el CONICET es el principal blanco del ajuste
Esta sangría laboral no es un daño colateral: es consecuencia directa de una política que parece asumir que el desarrollo científico es un lujo innecesario en lugar de una inversión estratégica.
El sistema científico argentino, históricamente vapuleado pero nunca desmantelado como ahora, atraviesa una de sus peores crisis desde el retorno de la democracia. Desde la asunción de Javier Milei, más de 4.000 trabajadores y trabajadoras han sido expulsados del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), y el CONICET —emblema del conocimiento nacional— es el organismo más golpeado.
La protesta no tardó en estallar. Esta semana, trabajadores del CONICET iniciaron un paro nacional de 48 horas con acampe incluido frente al Polo Científico Tecnológico en Palermo, en reclamo por los despidos, el congelamiento salarial, el vaciamiento institucional y la incertidumbre sobre la continuidad de las becas. La medida, convocada por ATE-Conicet, llega tras la difusión de un contundente informe del Grupo-EPC del CIICTI, que confirma una caída del 5,4% en el empleo total del sector científico en solo 19 meses de gobierno.
El dato es tan frío como demoledor: entre diciembre de 2023 y junio de 2025, se pasó de 75.057 a 71.017 trabajadores vinculados al sistema científico. Pero detrás de ese número hay mucho más: hay laboratorios paralizados, líneas de investigación canceladas, talentos formados durante años forzados al éxodo, y una infraestructura intelectual que lleva décadas construirse, hoy al borde del colapso.
El CONICET es la cara más visible de esta tragedia. Solo en ese organismo se perdieron 1.684 cargos, entre becas (1.174) y puestos de planta (510). Un recorte que no solo ataca a la ciencia básica, sino que pone en riesgo desarrollos clave en salud, energía, ambiente, agroindustria y tecnología, muchos de los cuales tenían impacto directo en políticas públicas y en sectores productivos del país.
Otros organismos de altísimo valor estratégico también fueron diezmados: el INTI (-740), el INTA (-530), la CNEA (-203) y ANLIS-Malbrán (-149), por citar solo algunos. Incluso en empresas estatales como FADEA, NASA y ARSAT hubo recortes masivos, contradiciendo el relato oficial sobre el “relanzamiento” de sectores tecnológicos y productivos. La Secretaría de Ciencia y Tecnología perdió casi el 41% de su personal, una cifra que habla por sí sola del lugar que el actual gobierno le asigna a la investigación científica.
Detrás de estos recortes hay una lógica profundamente ideológica. En nombre del déficit cero, se destruyen capacidades instaladas, se debilita la soberanía tecnológica y se condena a la ciencia nacional a un estado vegetativo. Se desfinancia con precisión quirúrgica a todo lo que represente producción de conocimiento, como si el futuro del país pudiera construirse solo con mercados y planillas de Excel.
La imagen del acampe frente al Polo Científico, con investigadores e investigadoras que hace meses no cobran en tiempo y forma, sintetiza el absurdo: el país que supo producir satélites, vacunas y soluciones agroindustriales de punta, hoy trata a sus científicos como descartables. El mismo Estado que formó a esas personas con recursos públicos ahora los deja en la calle, empujándolos a abandonar la ciencia o emigrar.
Mientras tanto, desde el oficialismo reina el silencio. No hay explicación técnica ni estrategia a largo plazo que justifique esta destrucción. Se trata, simplemente, de una política de tierra arrasada. De una motosierra aplicada sobre las neuronas de la Nación. Y el resultado es tan irreversible como evitable: menos ciencia, menos tecnología, menos futuro.
Si no se revierte el rumbo, la Argentina no solo estará dejando sin trabajo a miles de investigadores. Estará condenándose a la irrelevancia científica, al atraso tecnológico y a una dependencia estructural aún mayor. Y cuando eso suceda, no habrá superávit fiscal que compense el precio de haber dinamitado su inteligencia colectiva.
