Crecen un 60% las solicitudes de seguro por desempleo y la industria es el sector más golpeado
En este contexto, el Estado parece actuar más como amortiguador de los despidos que como impulsor de nuevas oportunidades laborales. Y eso, a largo plazo, no solo compromete la inclusión social, sino también la estabilidad económica.
En el primer trimestre de 2025, más de 30.000 trabajadores comenzaron a cobrar el seguro por desempleo en Argentina. El dato, que podría parecer técnico o administrativo, es en realidad un termómetro del deterioro del mercado laboral formal.
La industria manufacturera, la construcción y el comercio de vehículos encabezan el ranking de despidos, mientras el país atraviesa un ajuste económico que empieza a mostrar sus consecuencias sociales.
El informe oficial de la Seguridad Social, publicado recientemente en el Boletín Oficial, revela un aumento interanual del 60% en las nuevas altas del seguro por desempleo respecto a 2023. En términos históricos, se trata del nivel más alto desde 2014. Son 30.560 trabajadores que no solo perdieron su fuente de ingresos, sino que además no han podido reinsertarse laboralmente en el corto plazo.
Las cifras detrás del colapso
Los sectores más afectados durante los primeros tres meses del año fueron la industria manufacturera (7.157 despedidos), el comercio de vehículos (6.117), la construcción (5.699) y las actividades administrativas (3.083). A esto se suman caídas en el transporte, gastronomía, y hasta en salud y servicios sociales, lo que evidencia que el impacto no está restringido a un solo rubro, sino que atraviesa transversalmente la economía.
En marzo, el total de beneficiarios del seguro llegó a 92.787 personas, con una prestación promedio de $236.543 mensuales, un valor que, si bien indexado, no logra acompañar la inflación ni sustituir el ingreso original del trabajador despedido. La mayoría de los beneficiarios se concentra en la Provincia de Buenos Aires (más de 38 mil), seguida por Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma.
El efecto del ajuste en el mercado laboral
Detrás de los números hay un fenómeno estructural: el repliegue del empleo formal en un contexto de contracción económica, congelamiento de la obra pública y caída del consumo. El programa de ajuste fiscal del Gobierno, con recortes generalizados en inversión pública, subsidios y obra estatal, ha golpeado de lleno a sectores intensivos en empleo como la construcción y la industria.
A su vez, el freno en la actividad también impacta en el comercio y los servicios, generando un efecto dominó que empuja a miles de trabajadores al seguro de desempleo, que, si bien constituye una red de contención, no reemplaza la estabilidad ni las condiciones de trabajo anteriores.
Un seguro que no alcanza
El sistema de seguro por desempleo, regulado por la ley 24.013, establece que el monto mensual debe ubicarse entre el 50% y el 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), pero esta regulación ha quedado desactualizada frente a la pérdida del poder adquisitivo. En la práctica, muchos beneficiarios reciben prestaciones por debajo del umbral de pobreza, lo que socava su efectividad como política de protección social.
Además, la prestación tiene un límite temporal (de 2 a 12 meses, según la antigüedad), por lo que no garantiza estabilidad a largo plazo en un contexto donde la recolocación laboral es cada vez más difícil.
El futuro del trabajo, en pausa
El aumento en las solicitudes del seguro por desempleo es más que una señal coyuntural. Refleja un modelo económico que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la protección del empleo, con consecuencias sociales que ya se están sintiendo. La falta de dinamismo en la creación de nuevos puestos formales, sumada a una caída persistente en la actividad productiva, pone en riesgo la sustentabilidad del mercado de trabajo argentino.
