Crece la presión internacional en el caso estafa $Libra: inversores extranjeros apuntan a Milei
La causa por la presunta estafa global del token $Libra entra en una nueva fase de tensión política y judicial. Lo que comenzó con la denuncia de una inversora bielorrusa ahora se expande a múltiples países: ciudadanos de Emiratos Árabes, Líbano, Colombia, Chile y Bielorrusia se preparan para presentarse como querellantes y colocar al presidente Javier Milei en el centro de la escena.
La primera denunciante, Sviatlana Vitalievna, afirmó haber perdido USD 1,76 millones y atribuyó su decisión de invertir a un posteo del propio Milei en X, el 14 de febrero de 2025, que —según sostiene— otorgó legitimidad pública al proyecto, según consignó el periodista Ariel Zak (C5N). En su presentación ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, describió la operatoria como una “estafa pump and dump”, señalando que el valor del token cayó un 90% en cuestión de horas tras alcanzar una capitalización de USD 4.500 millones, mientras el presidente borraba comunicaciones y se desligaba del emprendimiento.
Un embargo cuestionado y la sombra de la protección política
El avance de nuevos damnificados contrasta con una medida judicial que generó fuerte malestar: a pedido del fiscal Eduardo Taiano, el juez Martínez de Giorgi embargó bienes de los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, allegados a Milei, por apenas 37 millones de pesos. Para los querellantes, esa cifra es insignificante frente al volumen de dinero en dólares investigado, incluidas transferencias del creador de la criptomoneda, Hyden Davis, hacia personas del círculo presidencial.
Los abogados que representan a damnificados de menor cuantía apelaron la decisión y acusaron a la fiscalía de minimizar un caso que califican como “uno de los hechos de corrupción más importantes de la historia reciente”. Según su planteo, el embargo ignora la posibilidad de inmovilizar activos vinculados a eventuales “pagos indirectos” a funcionarios públicos.
La grieta institucional: Congreso vs. Justicia
La controversia escaló cuando legisladores de la Comisión Libra advirtieron que el juez no había recibido el informe parlamentario que documenta movimientos millonarios y vínculos entre los creadores del token y funcionarios. La explicación derivó en un escándalo: la presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem, decidió no remitir el expediente con el argumento de que no contaba con las firmas necesarias para ser considerado “dictamen de mayoría”.
Para la comisión —presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)—, se trató de una maniobra burocrática para bloquear información clave. Ferraro envió una nota formal a Menem recordando que la Cámara tenía la obligación de remitir el expediente completo, aprobado por mayoría el 7 de noviembre. Sin embargo, para cuando la situación quedó expuesta, el vacío documental ya había influido en las decisiones de la Justicia.
Un caso que escala y compromete a la Casa Rosada
Con nuevos damnificados internacionales y un frente político–institucional en tensión, el caso $Libra deja de ser un conflicto circunscripto al ecosistema cripto y se transforma en un potencial escándalo de alcance global.
Las próximas presentaciones judiciales podrían determinar si se investiga a Milei por su presunta participación y si se revisan las medidas cautelares consideradas insuficientes por víctimas y legisladores.
