Crece la informalidad laboral en Argentina: casi 9 millones de personas sin derechos ni protección

Mientras el Gobierno celebra ciertos indicios de reactivación económica, una cifra oscura y cada vez más preocupante avanza sin freno: la informalidad laboral en Argentina ya alcanza al 42% de la población ocupada, lo que equivale a cerca de 8,8 millones de personas que trabajan sin ningún tipo de protección legal ni previsional. Más alarmante aún: todo indica que esta tendencia seguirá creciendo en los próximos meses.

La cifra fue revelada por un informe de Argendata, el sitio de datos de la fundación Fundar, bajo la curaduría del sociólogo Daniel Schteingart, y toma como base los datos del Indec. Si bien la informalidad no es un fenómeno nuevo, su persistencia y reciente crecimiento —1,2 puntos más que el año pasado— encienden señales de alarma sobre el rumbo del modelo económico actual y la calidad del empleo que genera.

Un problema estructural, empujado por decisiones coyunturales

La expansión de la informalidad no ocurre en el vacío. La recesión, potenciada por las políticas de ajuste del Gobierno, sumada a una presión tributaria elevada y a la urgencia de millones de personas por encontrar trabajo como sea, configuran un cóctel explosivo que erosiona el empleo formal. Y aunque el oficialismo intente blindarse tras indicadores macroeconómicos positivos, la realidad del mercado laboral muestra una historia muy distinta.

El propio Schteingart lo advierte sin ambigüedades: “El empleo formal viene muy débil. Que la industria y la construcción sean los grandes perdedores del modelo actual explica en parte esa fragilidad, ya que son sectores con un fuerte efecto multiplicador en el empleo”. En otras palabras: el rebote económico no está generando trabajo digno y sostenible.

Jóvenes y mujeres, los más golpeados

Los datos del Indec son reveladores en cuanto a la segmentación de la informalidad. Las mujeres presentan una tasa más alta (43,4%) que los varones (40,9%), y los jóvenes de hasta 29 años son los más perjudicados, con un índice alarmante del 58,7%. También los mayores de 65 años —que muchas veces deberían estar jubilados— se ven obligados a sostenerse en la informalidad: el 49,5% de ellos trabaja sin derechos.

Por tipo de ocupación, los cuentapropistas encabezan el ranking con un 62,4% de informalidad, seguidos por el 36,1% de asalariados y el 19,7% de empleadores. Esto expone una precarización transversal, que no distingue entre niveles educativos ni sectores productivos.

Hablar de informalidad no es solo hablar de estadísticas. Es hablar de millones de personas que no tienen obra social, ni jubilación, ni licencias pagas, y que quedan completamente desprotegidas ante accidentes o enfermedades. Como señala Schteingart, esto genera una vulnerabilidad extrema, profundiza la desigualdad y deteriora el tejido social.

Pero también tiene consecuencias económicas severas: erosiona la base tributaria, achica el sistema previsional y reduce la productividad del país, ya que los empleos informales suelen estar vinculados a actividades de baja escala, sin acceso a crédito, tecnología o formación. Todo esto, además, perpetúa una competencia desleal con los trabajadores y empresas que sí cumplen con las normas.

De crisis en crisis: informalidad crónica y política ausente

La informalidad laboral en Argentina no es una novedad, pero sí lo es su permanencia como fenómeno estructural. En 1986 era del 26,9%, saltó al 49,4% en la salida de la crisis de 2001, y si bien descendió en ciertos períodos, hoy vuelve a niveles cercanos a los peores momentos. Es un péndulo trágico que parece no encontrar salida.

¿Por qué no se revierte? Porque, según los expertos, el sistema tributario está mal diseñado, la fiscalización es débil, y los costos de contratar en blanco son demasiado altos. Un empresario que vende en negro no tiene incentivos para formalizar personal. Y aunque reducir la presión fiscal podría ayudar, también implicaría menos capacidad del Estado para sostener la seguridad social.

Un futuro incierto, con soluciones postergadas

El panorama no es alentador. Sin reformas laborales estructurales, sin incentivos reales para la formalización, sin una estrategia de desarrollo que incluya a la industria y a los sectores con mayor capacidad de generar empleo calificado, la informalidad seguirá creciendo. Y con ella, la fragmentación social, la precariedad económica y la debilidad del Estado.

La Argentina del 2025 parece estar en una encrucijada. ¿Puede una sociedad avanzar si casi la mitad de sus trabajadores carecen de derechos básicos? ¿Cuánto más puede resistir el sistema previsional antes de colapsar? ¿Qué clase de modelo productivo se está construyendo si no incluye al trabajo como eje central?

Mientras estas preguntas siguen sin respuesta, millones de argentinos y argentinas siguen trabajando en la sombra. Sin respaldo. Sin certezas. Sin futuro.