Denuncian corrupción, coimas y sobreprecios en el PAMI

El escándalo en el PAMI —la principal obra social del país, con más de cinco millones de afiliados, en su mayoría jubilados— sigue creciendo a pasos acelerados, revelando un entramado de corrupción, compras sin licitación, sobreprecios y presuntas extorsiones que involucran directamente a funcionarios designados por el actual gobierno de Javier Milei.

Lo que debía ser un organismo orientado al cuidado de los adultos mayores, hoy parece funcionar como una caja de financiamiento político y una usina de privilegios y arbitrariedades.

Las denuncias comenzaron a multiplicarse luego de que la exfuncionaria libertaria Viviana Aguirre rompiera el silencio al denunciar intentos de coimas y prácticas irregulares en la conducción del PAMI. Pero lo que parecía un caso aislado se ha convertido en una trama compleja.

Según el diario Ámbito, los principales apuntados son el director nacional Esteban Leguizamo y el subdirector Carlos Zamparolo, quienes habrían permitido compras sin licitación bajo la figura de “vía de excepción”, un mecanismo pensado para situaciones de vida o muerte, pero usado de forma sistemática e injustificada.

“El 80% de las supuestas urgencias médicas que revisamos no eran tales”, dijo un exdelegado bonaerense del PAMI. El resultado fue el pago de insumos con sobreprecios de hasta un 700%, beneficiando a empresas sin competencia y sin controles. El ejemplo de una biopsia para un tumor benigno, facturada como si fuera una urgencia, expone la mecánica: simular necesidad médica urgente para justificar gastos desproporcionados. De siete pedidos diarios se pasó a uno semanal tras revisar los protocolos.

Además, prestadores médicos denunciaron la aplicación de «débitos gemelos», una retención automática del 10% de sus pagos con justificaciones poco claras, lo que deja al sistema al borde del colapso. “No hay plata para los jubilados ni para los médicos. El PAMI es hoy una herramienta partidaria de La Libertad Avanza”, afirmó un empresario de salud del conurbano.

La gravedad del caso se extiende al interior del país. En Chaco, el fiscal federal Patricio Sabadini abrió una investigación por presuntas maniobras de extorsión dentro de las delegaciones del PAMI y la ANSES. Funcionarios locales habrían exigido un porcentaje del salario a empleados y contratados como condición para mantener sus puestos, y también se denuncia que el criterio de contratación responde a la lealtad política con La Libertad Avanza.

Aunque la justicia aún no ha imputado a funcionarios concretos, las señales son alarmantes. En medio de un brutal ajuste que recorta medicamentos, prestaciones y actualizaciones salariales a los médicos, el PAMI parece haber quedado atrapado entre la corrupción y la lógica partidaria. Un escenario trágico para una obra social que debería estar al servicio de quienes más lo necesitan: los adultos mayores.