Control y disuasión: el Gobierno despliega un operativo previo a la marcha por Cristina Kirchner

En la antesala de la movilización convocada por el peronismo en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno nacional desplegó un amplio y cuestionado operativo de seguridad en diversos puntos del país, especialmente en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Una de las postales más llamativas —y alarmantes— fue la presencia de efectivos policiales en la estación Constitución, donde se registró el pedido de DNI a pasajeros del tren Roca, una medida que carece de justificación legal y que remite a prácticas de control social propias de estados de excepción.

Desde temprano, agentes uniformados se apostaron en el hall central de la terminal ferroviaria, a escasas cuadras del domicilio donde la exmandataria comenzará a cumplir su condena de prisión domiciliaria.

Según lo documentado por el periodista Diego Lewen de C5N, los pasajeros que cruzaban los molinetes eran detenidos, se les exigía la presentación del documento de identidad y sus datos eran anotados manualmente en papeles por los efectivos. No hubo explicación oficial que justificara esta sistematización de datos personales en plena vía pública, ni orden judicial que avalara este procedimiento.

Este tipo de accionar, lejos de garantizar seguridad, transmite un mensaje inequívoco: disuasión. El operativo no se limita a Constitución. En la Autopista Riccheri, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó controles sobre colectivos que se dirigían a la Ciudad, obligando a los pasajeros a descender en plena calzada, en una jornada de temperaturas gélidas.

Similares intervenciones fueron denunciadas en Córdoba, donde estudiantes tucumanos que viajaban a Buenos Aires afirmaron que su micro fue detenido por la policía con fines de inspección, en lo que muchos interpretaron como una reedición de los polémicos operativos que marcaron los primeros meses del gobierno de Javier Milei.

El mensaje del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue claro: «El protocolo antipiquetes está vigente». Pero la aplicación de dicho protocolo, que supuestamente busca mantener el orden público, parece estar mutando hacia una herramienta de control político que criminaliza la protesta y erosiona las garantías individuales. Pedir DNI sin motivo concreto ni orden judicial no solo vulnera derechos constitucionales, sino que sienta un preocupante precedente de vigilancia estatal sin transparencia ni rendición de cuentas.

El gobierno ha optado por una estrategia de confrontación abierta con los sectores movilizados. En lugar de responder con diálogo o neutralidad institucional ante una marcha de tinte político, decidió sembrar un clima de tensión y hostigamiento. La represión ya no se limita a gases y palazos: ahora se expresa en controles selectivos, patrullajes intimidantes y el uso de fuerzas federales con objetivos preventivos que se confunden con tácticas de amedrentamiento.

En un contexto democrático, el ejercicio del derecho a la protesta debería ser respetado, incluso —y especialmente— cuando se trata de manifestaciones que incomodan al poder. El despliegue de estas medidas revela, más que una preocupación por el orden, un temor al disenso. Y en esa línea, el gobierno parece más interesado en controlar a la ciudadanía que en escucharla.