Concesiones y acuerdos: el oficialismo busca asegurar la reforma laboral en el Senado

El debate de este miércoles no solo pondrá en discusión el contenido de la reforma, sino también el alcance del consenso político que el Ejecutivo está dispuesto a construir para avanzar con su agenda de cambios estructurales.

El Senado debatirá este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, que llega al recinto con cambios sustanciales tras una serie de negociaciones con gobernadores, bloques aliados y la CGT. Las modificaciones introducidas evidencian que la estrategia del Gobierno priorizó garantizar los votos necesarios antes que sostener el texto original.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, confirmó que el oficialismo alcanzó un acuerdo para tratar la iniciativa, a la que definió como un paso “estratégico” para actualizar las relaciones laborales. Sin embargo, el camino hacia la sesión implicó resignar puntos clave del proyecto inicial.

Uno de los cambios más relevantes fue la eliminación del artículo que contemplaba una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas, medida que impactaba en más de 2 billones de pesos en la recaudación provincial. La decisión respondió a la presión de los gobernadores, que reclamaron una mirada fiscal más integral dentro de un eventual pacto federal.

En paralelo, el Gobierno cedió ante la CGT en aspectos sensibles vinculados al financiamiento sindical. Se mantendrá por dos años el aporte solidario a los gremios, con un tope del 2%, y no se reducirán las contribuciones destinadas a las obras sociales, que seguirán en el 6%. También continuará el aporte obligatorio a cámaras empresariales, con un límite del 0,5%. Estos puntos habían generado fuerte resistencia sindical y su revisión fue clave para descomprimir el conflicto.

Otro ajuste significativo fue la exclusión de las billeteras virtuales como intermediarias en el pago de salarios. Finalmente, solo podrán abonar sueldos las entidades bancarias, atendiendo a los planteos del sector financiero y a consideraciones regulatorias.

El oficialismo también acordó un esquema diferenciado para el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones. Las grandes empresas aportarán el 1% de sus contribuciones a la ANSES, mientras que las pymes lo harán con el 2,5%, con posibilidad de ajustes bajo supervisión legislativa. La segmentación buscó atender reclamos de distintos sectores empresariales y sumar respaldos.

En el capítulo impositivo se mantendrán la eliminación de impuestos internos y la creación del Régimen de Inversiones para Medianas Empresas (RIMI), que prevé beneficios fiscales para nuevas inversiones, como amortización acelerada en Ganancias e IVA.

Asimismo, se confirmó la derogación del Estatuto del Periodista, aunque con un plazo de seis meses para negociar un nuevo convenio colectivo. El argumento oficial es avanzar hacia un esquema normativo unificado bajo la Ley de Contrato de Trabajo.

Con 20 senadores propios y el respaldo de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, el oficialismo reúne al menos 41 votos, número que le permitiría aprobar la iniciativa si no surgen imprevistos. Aún persisten dudas sobre algunas voluntades individuales, pero el entendimiento alcanzado muestra una lógica pragmática: sin mayoría propia, el Gobierno optó por reformular la propuesta para asegurar su viabilidad parlamentaria.