Comenzó el juicio por los desaparecidos de Molinos Río de la Plata: el papel de civiles durante la dictadura
El proceso comenzó ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata a partir de una causa impulsada, entre otros actores, por el Sindicato de Aceiteros de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Parodi ocupó la jefatura de Personal de la planta entre octubre de 1975 y 1979, cuando la empresa pertenecía al grupo Bunge y Born.
El inicio del juicio contra Emilio Parodi, ex jefe de Personal de Molinos Río de la Plata, reabre una de las investigaciones vinculadas con la participación de sectores civiles en la represión durante la última dictadura militar. El exjerárquico está acusado de haber proporcionado información que habría facilitado el secuestro de tres trabajadores de la planta de Avellaneda, desaparecidos el 7 de julio de 1976.
De acuerdo con la acusación y los testimonios incorporados al expediente, el entonces responsable del área de Personal habría identificado a trabajadores considerados militantes y entregado información sobre ellos a integrantes de las fuerzas represivas. La cuestión central del juicio será determinar qué grado de participación tuvo el exdirectivo en los secuestros y desapariciones investigados.
Este martes 29 de septiembre comenzará la etapa testimonial. Parodi decidió no declarar durante la audiencia, por lo que fueron incorporados al expediente una declaración indagatoria realizada en julio de 2023 y un descargo presentado por escrito en aquella oportunidad.
Tres trabajadores, una misma fecha
Los tres casos incluidos en esta etapa judicial tienen un elemento en común: las víctimas fueron secuestradas el mismo día, el 7 de julio de 1976, en circunstancias relacionadas con su actividad laboral.
Uno de ellos fue Francisco Fernández, mecánico de la planta desde 1973. Según la reconstrucción del caso, fue interceptado cuando se dirigía a la oficina de vigilancia para retirar su tarjeta de ingreso. Allí, hombres vestidos de civil se lo llevaron antes de que pudiera comenzar su jornada.
También fue secuestrado Santos Ojeda, trabajador de la sección Expedición. Su desaparición se produjo alrededor de las cinco de la mañana, cuando abandonaba la fábrica después de finalizar su turno.
Según testimonios incorporados a la causa, quienes lo detuvieron pertenecían a la Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal, una estructura represiva en la que funcionó un centro clandestino de detención.
Un testimonio presentado ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) señaló además que los secuestradores habrían acudido previamente ante Parodi para solicitarle la identificación de Ojeda.
El tercer caso corresponde a Roberto José Rivolta Bonino, empleado administrativo que trabajaba en Molinos desde 1974. Fue secuestrado aproximadamente a las ocho de la mañana, poco después de llegar a la fábrica para iniciar su jornada.
El juicio es el resultado de un proceso judicial y sindical que comenzó a tomar forma en 2013, cuando familiares de trabajadores desaparecidos comenzaron a recurrir a la organización gremial para reconstruir lo ocurrido dentro de la planta.
Entre quienes impulsaron esa búsqueda estuvo Ceferino Mataboni, hijo de Rubén Mataboni, delegado gremial de Molinos secuestrado en diciembre de 1976. Su pedido de documentación permitió recuperar archivos y testimonios relacionados con aquellos años.
El recorrido hasta el juicio muestra, además, una dimensión que excede el expediente judicial: la reconstrucción de los vínculos entre las estructuras empresariales, las organizaciones sindicales y el aparato represivo constituye una parte todavía abierta de la investigación sobre el terrorismo de Estado.
Los 26 desaparecidos de Molinos, en el centro del reclamo
Aunque el juicio se concentra en tres trabajadores, el sindicato sostiene que la dimensión de la represión dentro de la empresa fue considerablemente mayor. Según la organización gremial, 26 trabajadores de la planta de Avellaneda permanecen desaparecidos.
Por ese motivo, el inicio del proceso no es considerado por los representantes sindicales como el cierre de una etapa, sino como un punto de partida para ampliar las investigaciones y determinar las responsabilidades de otros actores.
La discusión adquiere especial relevancia porque la causa coloca nuevamente en escena la posible participación de civiles y estructuras empresariales en hechos represivos durante la dictadura, un aspecto que familiares y organizaciones sindicales vienen reclamando investigar desde hace años.
En paralelo con la causa, el Sindicato de Aceiteros y la Federación Aceitera trabajan en un documental que busca reconstruir la historia de los trabajadores desaparecidos de Molinos Río de la Plata.
Para ello se recopilan testimonios de familiares, hijos y trabajadores vinculados con la planta. El objetivo declarado por el gremio es preservar esas historias y evitar que los casos queden reducidos exclusivamente a expedientes judiciales.
El comienzo del juicio permite así recuperar una pregunta que sigue abierta: qué ocurrió con los trabajadores desaparecidos de Molinos y qué responsabilidad tuvieron quienes, desde estructuras civiles o empresariales, pudieron haber aportado información al aparato represivo.
Mientras la Justicia avanza sobre los tres casos incluidos en esta causa, el reclamo sindical apunta a ampliar la investigación hacia los restantes desaparecidos y hacia otros posibles responsables.
