Colapso maderero en Virasoro: 520 trabajadores suspendidos y salarios impagos
El caso Tapebicuá expone un modelo productivo debilitado, donde las patronales se blindan con herramientas legales para sostener sus márgenes y los trabajadores quedan atrapados entre la inacción del Estado y la voracidad de empresas que anteponen el balance contable al sustento humano.
La localidad correntina de Gobernador Virasoro atraviesa una de las peores crisis laborales de su historia reciente. La Forestadora Tapebicuá, una de las principales industrias madereras del norte argentino, anunció el cierre temporal de su planta por 30 días y la suspensión de sus 520 operarios, alegando problemas de liquidez y una fuerte caída en las ventas.
Detrás de la explicación empresarial se esconde un cuadro más grave: la compañía mantiene una abultada deuda y aún no ha pagado los salarios de julio, agosto ni el medio aguinaldo de junio. La incertidumbre es total, y el clima de angustia se refleja en las movilizaciones que hoy llegaron hasta las puertas de la planta.
El impacto social supera a los empleados directos. Proveedores, contratistas y transportistas, dependientes de la actividad de Tapebicuá, también ven paralizada su fuente de ingresos. Los gremios temen que, tras este mes de inactividad, llegue un golpe más profundo: suspensiones por tres meses para la mitad del personal, cobrando apenas el 20 % del salario, un esquema que empujaría a cientos de familias a la pobreza.
La empresa, controlada por el grupo Celulosa Argentina, ya había dado señales de repliegue en 2023, cuando cerró su planta de San Charbel, en Garruchos, dejando 70 despidos. Ahora, el patrón se repite, y el Proceso Preventivo de Crisis (PPC) presentado ante la Secretaría de Trabajo provincial parece más una estrategia para licuar obligaciones que una vía para preservar el empleo.
El contexto macroeconómico potencia la asfixia: recesión industrial, derrumbe del consumo interno, apertura indiscriminada de importaciones y un tipo de cambio que erosiona la competitividad exportadora. Sin embargo, la respuesta estatal es prácticamente nula, limitándose a trámites administrativos mientras se multiplican los casos de empresas que descargan los costos de la crisis sobre sus empleados.
El Sindicato de Trabajadores de la Madera (STM) presentó una demanda judicial por 170 millones de pesos en concepto de sueldos y aguinaldos impagos, logrando el embargo de una cuenta bancaria. Pero las medidas judiciales no resuelven lo urgente: el dinero para que 520 familias puedan sobrevivir.
