La crisis energética en Salta: industrias amenazan con frenar actividades y crece la presión sobre el empleo

La incertidumbre por el abastecimiento de gas para la actividad industrial, sumada a la creciente presión fiscal sobre el comercio, configura un escenario que empresarios y referentes sectoriales describen como uno de los más delicados de los últimos años.

La economía salteña enfrenta una combinación de factores que amenaza con profundizar la desaceleración productiva y poner en riesgo cientos de puestos de trabajo.

Lo que hasta hace pocas semanas aparecía como una advertencia de los industriales comenzó a traducirse en decisiones concretas dentro de las empresas. La falta de certezas sobre la disponibilidad de gas para los próximos meses obliga a distintos sectores a replantear sus niveles de producción, mientras algunas firmas ya analizan la posibilidad de paralizar temporalmente plantas y suspender personal.

Desde la Unión Industrial de Salta (UIS) sostienen que el principal problema no es únicamente la eventual escasez de energía, sino la ausencia de previsibilidad para organizar la actividad económica. Sin información clara sobre el suministro, las compañías encuentran cada vez más dificultades para planificar inversiones, garantizar contratos, coordinar logística y sostener niveles de empleo.

Los sectores más vulnerables son aquellos cuya actividad depende directamente del gas, entre ellos los ingenios azucareros, la industria cerámica y el complejo citrícola. Una eventual interrupción de la producción no solo afectaría a las fábricas, sino también a una extensa cadena de proveedores, transportistas y trabajadores vinculados indirectamente a la actividad industrial.

El caso de La Moraleja refleja con claridad el alcance de la problemática. La empresa, una de las principales productoras y exportadoras de limón de la provincia, evalúa reducir parte de su cosecha y revisar contrataciones temporarias si no logra asegurar el abastecimiento energético necesario para sostener sus operaciones. La situación genera preocupación porque se trata de una firma integrada a mercados internacionales y con vínculos comerciales estratégicos que podrían verse afectados por las limitaciones productivas.

Detrás de la crisis aparece una discusión estructural sobre la política energética nacional. Los industriales cuestionan los efectos de la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía, que modifica el esquema histórico de transporte de gas para adaptarlo al desarrollo de Vaca Muerta. Si bien la medida busca optimizar el sistema energético nacional, desde el Norte Grande advierten que la reconfiguración podría trasladar costos y restricciones a regiones que dependen críticamente del recurso para sostener su aparato productivo.

A este panorama se suma otro elemento que profundiza la tensión económica: el elevado costo de las alternativas energéticas disponibles. El abastecimiento mediante Gas Natural Licuado (GNL) aparece como una solución técnicamente viable, pero económicamente difícil de absorber para muchas industrias que ya operan con márgenes reducidos y enfrentan una demanda debilitada.

Mientras tanto, el comercio provincial atraviesa una crisis paralela. Empresarios del sector denuncian que los mecanismos de cobro y embargo impulsados por ARCA se aplican en un contexto de caída del consumo y creciente dificultad para cumplir obligaciones fiscales. Según las cámaras empresarias, muchos comerciantes deben elegir entre afrontar salarios, alquileres, servicios o compromisos tributarios, una señal del deterioro financiero que atraviesa buena parte del sector privado.

La combinación de restricciones energéticas, presión fiscal y enfriamiento de la actividad económica plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del entramado productivo salteño. Más allá de las explicaciones técnicas y administrativas, el conflicto expone una discusión de fondo: hasta qué punto las decisiones de política energética y tributaria contemplan las particularidades de las economías regionales y el impacto que pueden tener sobre la producción y el empleo.

Con industrias que advierten sobre posibles paradas de planta y comercios que denuncian dificultades crecientes para sostenerse, Salta se encuentra ante una coyuntura que podría transformarse en una crisis económica de mayor magnitud si no aparecen respuestas concretas en el corto plazo.