Cierra Orbis Seguros tras casi 60 años: 200 trabajadores a la calle

Orbis cierra sus puertas, pero el problema recién comienza. Y el costo no lo paga solo la empresa, sino también los trabajadores, los usuarios y un Estado que aún no ha definido qué modelo de seguridad —social y económica— quiere construir.

El cierre definitivo de Orbis Seguros, una de las compañías con mayor trayectoria en el mercado asegurador argentino, marca un nuevo capítulo en la crisis silenciosa pero profunda que atraviesa el sector.

Con casi seis décadas de actividad, trece sucursales en todo el país y más de 350.000 asegurados, la empresa anunció el cese de sus operaciones tras la revocación de su licencia por parte de la Superintendencia de Seguros.

El resultado fue inmediato: 200 trabajadores despedidos, miles de pólizas sin cobertura y una protesta sindical que visibiliza un conflicto mayor.

De líder a desahuciada

Fundada en 1986, Orbis fue durante años una referencia en seguros generales, especialmente en ramos como automóviles, hogar y pymes. Su estructura operativa y su presencia regional reflejaban la solidez de un sector que hoy parece estar en retroceso. La empresa, que formaba parte de un grupo con presencia en América Latina, no pudo sostenerse frente a un contexto de creciente fragilidad económica, caída del consumo, aumento de la morosidad y falta de respaldo financiero.

El detonante del cierre fue la revocación de su licencia por parte del organismo regulador, una decisión que se viene repitiendo en otros casos recientes. En apenas un año, otras aseguradoras como Caledonia, Escudo, Juncal, Boston y TPC también cesaron sus operaciones, dejando un saldo de más de 500 despidos directos y un impacto indirecto aún difícil de dimensionar.

La otra cara: el ajuste laboral

El caso de Orbis pone en el centro del debate la fragilidad laboral del sector. Los 200 empleados despedidos denuncian incumplimiento de las indemnizaciones, señalando que la empresa pretende abonar solo el 50% del monto legal, amparándose en una interpretación controversial de la normativa. “Ni siquiera eso están cumpliendo”, denuncian trabajadores, que esta semana se manifestaron frente a la sede central acompañados por el sindicato del sector.

El gremio alerta sobre la falta de herramientas de protección para los empleados en un mercado que se achica sin red. La protesta frente a Orbis no fue solo por los despidos actuales, sino también por lo que se anticipa como una tendencia: más cierres, más cesantías y menos garantías para quienes aún tienen empleo.

Un sistema en estado crítico

El derrumbe de compañías aseguradoras no solo implica pérdida de empleo: afecta la seguridad jurídica, la previsibilidad del mercado y la confianza del consumidor. Los más de 350.000 clientes de Orbis se enfrentan ahora a un limbo legal, en muchos casos sin cobertura activa y sin canales claros de reembolso o traspaso.

El escenario refleja el debilitamiento de un sistema que, en teoría, debería estar blindado frente a la volatilidad económica. Pero la falta de actualización de los capitales mínimos, la inflación sostenida, los costos operativos dolarizados y la escasa rentabilidad de las inversiones obligatorias han hecho inviable la continuidad de muchas aseguradoras.

¿Quién cuida al que asegura?

La situación de Orbis y del conjunto del sector plantea una pregunta urgente: ¿Quién regula, previene o protege en un mercado que se desarma en silencio? Hasta el momento, las respuestas institucionales han sido fragmentarias, más reactivas que proactivas. Sin una política clara de contención para los trabajadores, y sin una estrategia de estabilización del mercado asegurador, el país corre el riesgo de quedar con menos cobertura, más desempleo y mayor informalidad.