Ciencia bajo tutela: el Gobierno asume control directo de la Agencia I+D+i y restringe su autonomía

La medida reduce drásticamente la autonomía de este organismo clave para el financiamiento de proyectos de ciencia y tecnología, al otorgar al Poder Ejecutivo la potestad de designar y remover a su presidente y directores, a propuesta de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.

En un nuevo giro sobre el manejo de las políticas científicas y tecnológicas, el Gobierno oficializó la reestructuración de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) a través del Decreto 447/2025, publicado de madrugada en el Boletín Oficial.

Con la justificación de “agilizar el funcionamiento” y “reducir el déficit”, la norma elimina ocho de los diez vocales del Directorio de la Agencia, que hasta ahora ejercían funciones ad honorem, y concentra las decisiones en un esquema más estrecho y bajo supervisión directa del Ejecutivo. Según el texto oficial, la intención sería “transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”, al tiempo que se busca “diseñar, proponer, ejecutar y evaluar programas” vinculados al desarrollo científico y tecnológico.

Sin embargo, el cambio despierta señales de alarma. La Agencia I+D+i no es un organismo menor: administra tres fondos fundamentales para el desarrollo nacional —el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC)—, herramientas históricas para el estímulo de proyectos de investigación, innovación productiva y transferencia de tecnología.

La decisión de centralizar su conducción en manos políticas se produce tras la renuncia, en septiembre de 2024, de su anterior titular, en medio de fuertes tensiones con la comunidad científica por los recortes presupuestarios, el ajuste y la demora en los desembolsos. Esta intervención directa refuerza la percepción de que el Gobierno busca disciplinar el sistema científico, restringiendo el margen de decisión técnica y colocando a la ciencia bajo un control más férreo y alineado con criterios de gestión económica antes que con prioridades académicas o de desarrollo estratégico.

El riesgo de que la Agencia se convierta en un instrumento subordinado a la coyuntura política y fiscal, y no a una política de Estado de largo plazo, encendió luces de alerta entre investigadores y universidades. La reducción de voces en el Directorio, sumada a la potestad de remoción directa de sus autoridades, amenaza con acallar los contrapesos necesarios para decidir con criterios técnicos la distribución de recursos, en un contexto donde la ciencia argentina ya arrastra severas dificultades de financiamiento.

Así, la reforma de la Agencia I+D+i, presentada como un paso hacia la eficiencia y la transparencia, podría terminar debilitando su capacidad para promover una política científica independiente, plural y orientada al bien público.

En definitiva, se consolida un modelo donde la investigación y la innovación tecnológica quedan más expuestas a las urgencias y los condicionamientos del poder político de turno, poniendo en jaque el futuro de un sector estratégico para el desarrollo del país.