Cerimedo volvió a defenderse desde Palmasola y negó haber participado en negocios irregulares

Desde la cárcel boliviana de Palmasola, el consultor político Fernando Cerimedo y ex asesor de Javier Milei difundió una nueva carta en la que buscó despegarse de las acusaciones que lo vinculan con presuntas irregularidades y negó haber utilizado su cercanía con el poder político boliviano para obtener beneficios o intervenir en decisiones oficiales.

El mensaje fue difundido luego de las declaraciones del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien reconoció el respaldo recibido por parte de Cerimedo, aunque aclaró que el consultor no ocupaba un cargo oficial dentro de su administración. Cerimedo tomó esa afirmación como punto de partida para ratificar que su participación como colaborador no implicaba facultades institucionales.

En su escrito, sostuvo que los rumores y versiones difundidas públicamente no pueden ser considerados hechos y afirmó que nunca actuó en representación del mandatario, de su familia ni del Gobierno. Según su propia explicación, tampoco habría intervenido en la toma de decisiones ni utilizado su vínculo político para ejercer algún tipo de autoridad.

Uno de los aspectos centrales de la carta fue su rechazo a las acusaciones relacionadas con posibles negocios o actos ilícitos. Cerimedo aseguró que nunca participó en negociaciones irregulares ni realizó operaciones en su nombre o en representación de la esposa del presidente boliviano, a quien defendió públicamente y de quien destacó su honorabilidad.

Más allá de la defensa personal, el caso vuelve a poner bajo la lupa el peso que pueden adquirir los asesores y colaboradores informales alrededor del poder político. La ausencia de un cargo institucional no necesariamente elimina la influencia que una persona puede ejercer cuando mantiene vínculos estrechos con dirigentes y círculos de decisión. Precisamente, esa zona gris entre la colaboración política y el ejercicio efectivo de influencia aparece como uno de los puntos sensibles del conflicto.

Cerimedo también vinculó parte de la controversia con un conflicto de carácter personal con su expareja, Nadia Beller. En su interpretación, esa situación privada habría sido transformada en un episodio de interés político por sectores interesados en cuestionar al actual gobierno boliviano y en responsabilizar al denominado “evismo” por la situación que atraviesa el país.

A esta situación se suma un frente judicial en Argentina. La Justicia argentina intimó al consultor a cancelar una deuda millonaria y dispuso la inhibición de sus bienes, agregando una nueva dimensión judicial a un escenario que ya combina acusaciones, disputas políticas y conflictos personales.

En el cierre de su carta, Cerimedo manifestó su intención de que las causas en su contra avancen rápidamente y sostuvo que espera poder demostrar lo que considera falsedades difundidas sobre su actuación. También aseguró que, una vez que pueda defenderse plenamente, expondrá su versión de los hechos y responderá a las acusaciones que, según sostiene, buscan perjudicar al Gobierno boliviano.

El episodio deja planteado un interrogante político de fondo: hasta dónde puede llegar la influencia de los colaboradores informales que rodean al poder y qué controles existen sobre quienes, sin ocupar cargos oficiales, mantienen acceso privilegiado a dirigentes y espacios de decisión. La respuesta dependerá, en última instancia, de lo que puedan establecer las investigaciones judiciales y de la evidencia concreta que surja sobre las actividades de Cerimedo.