Censura y precarización en la TV Pública: el silencio impuesto por el Gobierno
Mientras el oficialismo proclama su defensa irrestricta de la “libertad”, en los medios públicos se impone una línea editorial que restringe el derecho a la información y cercena la pluralidad de voces. Trabajadores de la TV Pública y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) denunciaron abiertamente un nuevo episodio de censura institucional: se les prohibió hablar de la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner tras la ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema.
Además, aseguraron que solo se autoriza entrevistar a constitucionalistas afines al fallo, mientras que las miradas críticas son deliberadamente silenciadas.
En un comunicado difundido por redes sociales, los trabajadores repudiaron la “metodología de censura” impuesta desde el Ejecutivo, que ya se había evidenciado en otros episodios recientes: la cobertura sesgada del conflicto en el Hospital Garrahan, la ausencia de voces gremiales en temas sensibles, y la omisión deliberada del caso de Pablo Grillo, reportero gráfico herido por Gendarmería mientras cubría una manifestación de jubilados.
En todos los casos, la gerencia de noticias del canal aplicó filtros informativos que excluyen voces disidentes o testimonios incómodos.
El control editorial también tuvo su correlato en la censura en vivo: durante una transmisión en la que se abordaba el tema de la proscripción a CFK, el conductor Guillermo Andino intentó interrumpir una entrevista en curso, tras lo cual la emisión en directo fue abruptamente reemplazada por contenido grabado. Hasta el noticiero del mediodía, el canal no retomó el vivo ni ofreció explicaciones públicas sobre lo sucedido ni sobre el futuro del programa.
Pero la censura no es el único frente de conflicto en la TV Pública. La precarización laboral y el ajuste también forman parte del escenario que denuncian sus trabajadores. Según Sipreba, los salarios aumentaron apenas un 71,2% entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, frente a una inflación acumulada superior al 170%. No hay paritarias desde hace 14 meses, y los empleados vieron además la eliminación de 19.000 días de vacaciones no gozadas, una deuda histórica del canal que el Gobierno decidió borrar de un plumazo. A esto se suman despidos, retiros voluntarios forzados y una fuerte reducción de derechos adquiridos, en una estrategia que apunta a desmantelar las estructuras laborales estables de los medios públicos.
En paralelo, se restringe la cobertura de manifestaciones en el Congreso, donde se les prohíbe a los cronistas usar el término “represión”, aún en contextos evidentes de violencia institucional. Esta imposición semántica no solo manipula el lenguaje, sino que falsea la realidad y vulnera el derecho a la información de la ciudadanía.
La gravedad del panorama va más allá de un conflicto gremial. Se trata de una ofensiva directa contra la libertad de prensa, el acceso a una información plural y el rol de los medios públicos como garantes del derecho a la comunicación, especialmente en un contexto donde los discursos hegemónicos intentan instalar una única mirada sobre los hechos.
“Defendemos los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal”, afirmaron los trabajadores en su comunicado. La consigna no es menor: en una democracia real, la pluralidad informativa no puede depender de la conveniencia del poder de turno.
Y en un país donde la persecución judicial se confunde con justicia, donde la censura se oculta tras decisiones editoriales, y donde los periodistas trabajan empobrecidos y silenciados, la libertad —la auténtica— está en riesgo.
