Causa Vialidad: Vence el plazo para devolver el dinero y la Corte tiene otros planes
El 13 de agosto es la fecha límite fijada para el depósito de los fondos en la cuenta especial habilitada en el Banco Nación. La sentencia ordena la devolución de 530 millones de dólares a las arcas del Estado. A días del vencimiento, la pulseada judicial pone el foco en tres lugares, devolver el dinero, subastar los bienes para recaudar el dinero adeudado o quedarse con las propiedades bajo la figura de “uso institucional”.
Ni Cristina Fernández de Kirchner, ni el empresario Lázaro Báez, ni el exsecretario de Obras Públicas José López efectuaron los pagos del dinero que se les reclama. Razón por la cual, la Corte Suprema analiza medidas alternativas para la incautación de los bienes. Si para la fecha pactada el dinero no se transfiere, la Justicia avanzará con la siguiente etapa del proceso: la subasta pública de los bienes decomisados.
Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema de Justicia introdujo una opción distinta: destinar los inmuebles a uso institucional, ya sea para el propio máximo tribunal o para el Consejo de la Magistratura.
La resolución firmada por los ministros de la Corte señala que “este Tribunal puede afectar o asignar, por razones de un mejor servicio de justicia, aquellos inmuebles que hubieran sido decomisados” para su utilización directa o para ser cedidos al Consejo de la Magistratura. Esto abre la puerta a que, en lugar de venderse de inmediato, algunas propiedades se conviertan en oficinas judiciales, depósitos de archivo o espacios para otros programas públicos.
Por caso, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron que Cristina Kirchner posee al menos dos propiedades en la CABA, los departamentos del complejo Madero Center y otras 24 propiedades en el sur del país como activos susceptibles de ser subastados.
La situación presenta un conflicto legal adicional: muchos de estos inmuebles están cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y embargados en otra causa, la de Hotesur – Los Sauces. Los fiscales sostienen que, al haber llegado primero a sentencia, la causa Vialidad tiene prioridad para ejecutar la subasta. Incluso trabajan en un segundo listado que incluiría la unidad de San José 1111 y más propiedades en Puerto Madero.
De no concretarse la venta inmediata, la acordada de la Corte contempla la posibilidad de ceder temporalmente los bienes a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para destinarlos a programas de utilidad social, como educación, salud, asistencia a víctimas, reinserción social o contención de personas en situación de vulnerabilidad.
A días del vencimiento, la pulseada judicial se concentra en si el dinero será devuelto en efectivo, si los bienes serán subastados o si algunos quedarán por acordada, bajo la tutela de la justicia y para “uso institucional”.
