Causa Medicamentos: denuncian al titular del PAMI por desobediencia judicial y al juez Marianello por prevaricato
Por ahora, el conflicto promete escalar: se judicializa en varias jurisdicciones, involucra a actores institucionales de peso, y toca una fibra sensible de la sociedad argentina: la salud de sus mayores.
El diputado Carlos Cisneros endurece su ofensiva judicial ante la falta de cumplimiento del fallo que ordenaba restituir medicamentos a los jubilados. Se agudiza el conflicto político y legal en el sistema previsional.
El conflicto por la provisión de medicamentos a jubilados y pensionados dio un giro judicial y político de alto voltaje. El diputado nacional y dirigente bancario Carlos Cisneros denunció penalmente por «desobediencia judicial» al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, y por presunto «prevaricato» al juez federal Patricio Marianello, en el marco de un litigio que crece en volumen, tensiones institucionales y repercusión pública.
La escalada legal se produce tras el fallo reciente de la Cámara Federal de Mendoza, que convalidó la competencia del Juzgado Federal N° 2 de esa provincia, a cargo del juez Pablo Quirós, para tramitar los amparos colectivos presentados contra las restricciones impuestas por el PAMI en diciembre de 2024 en la cobertura de medicamentos.
Del amparo colectivo al litigio penal
La denuncia penal contra Leguizamo se sustenta en el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba suspender esas restricciones y restituir la cobertura anterior, considerada más beneficiosa para los afiliados. Además, el fallo obligaba a hacer pública la sentencia en medios masivos de la provincia de Tucumán, requisito que, según la denuncia, tampoco fue cumplido.
Los abogados Patricia Neme y Juan Andrés Robles, apoderados de Cisneros y representantes de la Red de Consumidores y Usuarios (Redecu), solicitaron al juzgado federal mendocino que se impongan astreintes (multas coercitivas) sobre el propio Leguizamo, en lugar de cargar la penalidad sobre el organismo nacional. Argumentan que, de otro modo, el funcionario podría seguir eludiendo responsabilidades personales y mantener el incumplimiento sin consecuencias directas.
En paralelo, requirieron que el caso por desobediencia sea remitido al juzgado federal de turno en Tucumán para su investigación.
Denuncia al juez Marianello: una acusación de gravedad institucional
La otra denuncia apunta al juez federal porteño Patricio Marianello, a quien acusan de dictar una resolución “contraria a derecho” para favorecer al PAMI, al aceptar una inhibitoria que intentó trasladar la causa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según Neme y Robles, esta decisión judicial constituye prevaricato, un delito que implica el dictado consciente de resoluciones ilegales. Alegan que Marianello intentó quitar la causa a su juez natural en Mendoza, y con ello dilatar el proceso y retrasar el acceso a la justicia de los jubilados afectados.
“Se trató de una maniobra para escamotear el fondo de la cuestión y permitirle al PAMI ganar tiempo”, sostuvieron los abogados, quienes también solicitaron que se informe al Consejo de la Magistratura sobre la conducta del magistrado.
Un conflicto que trasciende lo jurídico
Lejos de ser un expediente más, esta causa se ha convertido en un emblema político y social, con impacto directo en el sistema previsional argentino. El trasfondo incluye no sólo el debate sobre la sustentabilidad del PAMI, sino también sobre el rol del Estado frente a los sectores más vulnerables, especialmente los jubilados, en un contexto de ajuste fiscal y cuestionamientos a la política social del gobierno nacional.
Desde el entorno de Carlos Cisneros afirman que esta avanzada judicial busca defender derechos adquiridos, y aseguran que seguirán ampliando las acciones legales y mediáticas si no se revierte la situación.
