Castro y López consolidan su control sobre la alta tensión del NOA y NEA
La resolución del ENRE cierra el capítulo formal de la transferencia. Pero en términos de política energética, inaugura una etapa en la que la concentración del control en pocas manos exigirá mayor supervisión pública para evitar que el poder económico se imponga sobre las necesidades estructurales del norte argentino.
La aprobación del cambio de control societario de las principales transportistas de energía del NOA y el NEA por parte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) no es solo un trámite administrativo: implica una reconfiguración del mapa de poder en un segmento estratégico y monopólico del sistema eléctrico argentino.
Mediante la Resolución 83/2026, el organismo convalidó la operación que permitió a Diego Héctor Castro y Melitón López, a través de las firmas CO Desarrollo S.A. y Latam Inversores S.A., adquirir el control de Asisnort S.A., llave de acceso a Elecnorte S.A. Desde allí, ambos empresarios pasan a ejercer control indirecto sobre Transnoa S.A. —operadora de la red troncal del Noroeste— y una participación relevante en Transnea S.A., responsable del transporte de alta tensión en el Noreste.
El movimiento concentra en un mismo núcleo empresario la conducción de infraestructuras críticas para provincias que arrastran históricas deficiencias en calidad de servicio, tensión y frecuencia de cortes. En mercados monopólicos por definición, como el transporte eléctrico, el control societario no es un dato neutro: determina capacidad de inversión, prioridades técnicas y márgenes de negociación con el Estado.
El ENRE evaluó la operación bajo dos criterios centrales: capacidad técnica de los nuevos controlantes y eventual afectación de la competencia. El dictamen oficial sostuvo que los adquirentes acreditaron antecedentes suficientes y que la transacción no vulnera el marco regulatorio ni incrementa de manera “indebida” la concentración del mercado. Sin embargo, el propio diseño concesionado del sistema —donde cada empresa opera en exclusividad regional— limita el análisis competitivo a parámetros formales más que estructurales.
La intervención del regulador se produjo en articulación con la autoridad de defensa de la competencia, en el marco del expediente de concentración económica. Ese doble filtro refleja la sensibilidad política y económica de un sector donde cualquier cambio de mando impacta directamente en la seguridad energética regional.
Más allá de la validación técnica, el trasfondo es político y estratégico: en un escenario de reclamos provinciales por falta de inversiones y conflictos recurrentes por fallas en el servicio, la consolidación de Castro y López abre interrogantes sobre el equilibrio entre regulación estatal y poder empresario.
El desafío para el Estado no será solo haber autorizado la operación conforme a derecho, sino ejercer un control efectivo sobre los compromisos de inversión, mantenimiento y expansión de redes. En regiones donde la fragilidad del sistema eléctrico se traduce en pérdidas productivas y malestar social, la verdadera evaluación del nuevo esquema accionario no se medirá en boletines oficiales, sino en la capacidad de mejorar —o no— la calidad del servicio.
