El Senado demora el avance del Súper RIGI y crece la tensión entre el Gobierno y sus aliados
La demora en las comisiones funciona, por lo tanto, como una señal política: el acompañamiento al Gobierno no es automático y los bloques aliados buscan introducir salvaguardas antes de permitir que el proyecto llegue al recinto.
El tratamiento del proyecto conocido como Súper RIGI volvió a quedar condicionado por las diferencias dentro del espacio político que acompaña al Gobierno.
La UCR, el PRO y otros bloques aliados decidieron no avanzar de inmediato con la firma del dictamen de mayoría y plantearon cambios destinados a reforzar la protección de las empresas nacionales.
La demora podría trasladar al recinto del Senado el debate sobre una iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Uno de los principales puntos de conflicto surgió a partir de una propuesta de la UCR y el PRO para establecer una ventaja para los proveedores nacionales. El planteo contempla que, cuando exista una diferencia de hasta el 15% entre la oferta de una empresa argentina y la de una compañía extranjera, se priorice a la firma local.
La modificación busca evitar que los beneficios previstos por el régimen de grandes inversiones terminen favoreciendo exclusivamente a empresas de capital externo.
La iniciativa generó nuevas dudas dentro del oficialismo. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, dejó abierta incluso la posibilidad de revisar el alcance de la propuesta y advirtió que, si el Súper RIGI continúa acumulando dificultades, podría optarse por mantener el esquema vigente del RIGI.
El problema para el Gobierno es que la modificación planteada todavía no cuenta con el aval del Ministerio de Economía. Bullrich tomó conocimiento del reclamo durante la jornada y, ante la falta de una definición del área económica, el cambio no fue incorporado al despacho que debía ponerse a consideración de los legisladores.
La discusión se desarrolló en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto, Economía e Inversión Nacional y Legislación General, donde el oficialismo buscó encaminar el dictamen.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde, anunció que el texto, junto con otras modificaciones acordadas con sectores aliados, quedaría habilitado para la firma. Sin embargo, legisladores del PRO y la UCR resolvieron no acompañarlo todavía.
Entre quienes decidieron postergar su firma estuvieron los macristas Martín Goerling Lara y María Cristina Huala, además del radical Maximiliano Abad. La decisión expone una situación política relevante para el oficialismo: aunque cuenta con aliados dispuestos a acompañar el proyecto en términos generales, existen límites y condiciones cuando se trata de definir cómo se distribuirán los beneficios del régimen de inversiones.
El Gobierno ya había aceptado modificaciones reclamadas por distintos sectores de la oposición dialoguista y bloques provinciales.
Entre ellas se encuentran cambios vinculados con la protección de las empresas nacionales y con el abastecimiento energético necesario para proyectos relacionados con la inteligencia artificial y la explotación de minerales considerados estratégicos.
El escenario muestra que el desafío del oficialismo no pasa únicamente por conseguir los votos suficientes para aprobar el Súper RIGI.
También debe administrar las demandas de sus aliados sin desvirtuar el objetivo original del régimen, pensado para atraer grandes inversiones mediante un marco de incentivos y condiciones especiales.
