30 de abril de 2026

Brasil suspendió X en todo el país y estalló la polémica por la «libertad de expresión»

El Supremo Tribunal de Justicia del gigante sudamericano tomó la decisión luego de que venciera el plazo para que la empresa de Elon Musk designara a un representante legal. Es más, hasta el multimillonario había anunciado el levantamiento de sus oficinas en el país por los cortocircuitos con el gobierno de Lula.

El juez Alexandre de Moraes fue el encargado de firmar el fallo, luego de que venciera el plazo que se le otorgó a X para establecer un nuevo representante legal en el país. La Justicia de Brasil le había otorgado 24 horas a la red social para nombrar a un representante, algo que no concretó en ese plazo.

La exigencia del juez Moraes a Musk había tenido lugar tras una serie de incumplimientos de resoluciones judiciales y cruces entre la empresa y el magistrado.

La red social consideró “ilegales” y de “censura” las decisiones del juez del Supremo Tribunal, que había dado de baja varias cuentas de usuarios. “Pronto, esperamos que el juez Alexandre de Moraes ordene el bloqueo de X en Brasil, simplemente porque no cumplimos con sus órdenes ilegales de censurar a sus oponentes políticos. Entre estos opositores se encuentran un senador debidamente elegido y una niña de 16 años”, había expresado X antes de la orden judicial.

También había señalado que la plataforma no tenía “ninguna responsabilidad ni control sobre el bloqueo de contenidos”, por lo que “para proteger la seguridad del equipo», tomaron la decisión de cerrar las operaciones en Brasil.

La suspensión se hará efectiva después de que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil notifique a los operadores de telefonía, encargados de bloquear las IPs de la red social. El procedimiento será similar al que se dio en 2015 cuando la Justicia de Brasil suspendió WhatsApp.

Además, en este caso App Store y Google Play Store tendrán cinco días para eliminar la aplicación de sus tiendas online, al tiempo que habrá una multa de casi USD 9.000 diarios a cualquier persona o empresa que utilice mecanismos como una VPN para acceder a la red.

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