Avanza la baja en la edad de imputabilidad: dictamen favorable al nuevo Régimen Penal Juvenil
La comisión de Legislación Penal de Diputados aprobó el proyecto que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad para delitos graves. La medida abre un debate de fondo sobre seguridad, justicia penal y derechos de la niñez.
En un clima de creciente polarización política y social, la Cámara de Diputados dio un paso clave este martes hacia la modificación del Régimen Penal Juvenil, al obtener dictamen favorable en comisión para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en casos de delitos graves.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, logró el respaldo de bloques dialoguistas como PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y sectores de Encuentro Federal, lo que le asegura mayoría para llegar próximamente al recinto.
El proyecto establece que adolescentes de entre 14 y 15 años podrán ser considerados penalmente responsables en delitos de alta gravedad, como homicidios, violaciones o robos con armas. Desde el oficialismo argumentan que se trata de una respuesta a la creciente preocupación social por hechos delictivos protagonizados por menores y afirman que el sistema actual no brinda herramientas suficientes para prevenir ni sancionar estos comportamientos.
Sin embargo, la propuesta encontró una férrea oposición por parte de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y organizaciones de derechos humanos, quienes denuncian que se trata de una política regresiva que criminaliza la pobreza y la juventud. “Reducir la edad de imputabilidad no ataca las causas estructurales de la violencia, como la exclusión social, la falta de acceso a la educación y la precarización de la vida de miles de adolescentes”, sostuvieron desde el CELS y UNICEF Argentina.
El debate no es nuevo. Desde el retorno de la democracia, distintos gobiernos han intentado reformar un régimen penal juvenil que, en su mayoría, se rige por un decreto-ley de la última dictadura. No obstante, los intentos de reforma han chocado con el desafío de conciliar enfoques punitivos con estándares internacionales de derechos del niño, como los que promueve la Convención sobre los Derechos del Niño, de rango constitucional en Argentina.
Para muchos analistas, la iniciativa expone la tensión entre una demanda social por mayor seguridad y la necesidad de proteger a los menores en conflicto con la ley penal. Mientras el oficialismo busca instalar la narrativa de la «impunidad juvenil» como un problema urgente, los sectores críticos insisten en que se necesita un sistema integral de protección y contención antes que respuestas meramente punitivas.
La votación en el recinto será una prueba de fuego para el Congreso y una señal clara del rumbo que podría tomar la política criminal juvenil en la Argentina. La pregunta de fondo permanece abierta: ¿es bajando la edad de imputabilidad como se construye una sociedad más segura o simplemente se amplía el margen de castigo sin resolver las causas del delito?
