Ataque moral en Gaza: Israel bombardea la única iglesia católica y hiere al sacerdote argentino Gabriel Romanelli
La brutalidad del conflicto en Gaza sumó un nuevo y oscuro capítulo tras el bombardeo a la Iglesia de la Sagrada Familia, el único templo católico en toda la Franja.

El ataque, ejecutado por un tanque israelí a las 10:10 de la mañana según testigos y fuentes médicas locales, dejó un saldo de cuatro muertos y al menos siete heridos, entre ellos el sacerdote argentino Gabriel Romanelli.
El hecho fue condenado internacionalmente, incluida una declaración contundente de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien lo calificó de «inaceptable» y responsabilizó directamente a Israel.
La agresión no fue producto de un enfrentamiento ni ocurrió en un contexto de combate activo dentro del templo: fue un disparo dirigido contra una parroquia que albergaba a unas 500 personas desplazadas por el conflicto, entre ellas niños, ancianos y personas con discapacidad. El ataque constituye, por tanto, no solo un crimen de guerra en potencia, sino también un acto de profundo desprecio por la vida civil y la neutralidad humanitaria.
El sacerdote Romanelli, herido en el bombardeo, ha sido una figura clave de contención espiritual y material para la comunidad cristiana en Gaza. Mantenía contacto diario con el papa Francisco y había relatado recientemente en una entrevista para 60 Minutes de CBS cómo cientos de refugiados se apiñaban en la parroquia tras haber perdido sus hogares. Que incluso este santuario haya sido reducido a escombros representa una fractura moral más honda que la simple estadística de víctimas.
El Patriarcado Latino de Jerusalén confirmó el ataque y denunció la muerte de un hombre y una mujer dentro del complejo eclesiástico, mientras otras dos personas permanecen en estado crítico. Entre los heridos hay un niño con discapacidad, dos mujeres y una persona de edad avanzada, lo que refuerza la evidencia de que no se trató de un objetivo militar legítimo, sino de un acto de agresión indiscriminada.
El ejército israelí emitió un comunicado en el que afirmó que “no ataca intencionalmente lugares religiosos o civiles”, una afirmación que contrasta no solo con la evidencia material del ataque, sino también con el patrón sostenido de violencia documentado durante meses contra infraestructuras sanitarias, escuelas, campamentos de refugiados y ahora templos religiosos. Las reiteradas afirmaciones de «errores operativos» ya no resultan verosímiles cuando la repetición de estos episodios parece responder más a una estrategia de terror que a deslices puntuales.
La reacción de Giorgia Meloni rompe además con la narrativa complaciente de varios países occidentales, que hasta ahora han otorgado a Israel un cheque en blanco diplomático en nombre del derecho a la autodefensa. «Ninguna acción militar puede justificar tal actitud», sentenció Meloni, en lo que constituye un raro gesto de disenso dentro del bloque europeo.
En paralelo, el silencio de buena parte de la comunidad internacional, incluido el Vaticano, empieza a adquirir un matiz de complicidad. ¿Hasta cuándo será tolerable que la población civil de Gaza, atrapada entre el fuego cruzado de un conflicto asimétrico, pague con su vida y su fe el precio de una guerra que ha perdido todo sentido ético?
Bombardear un hospital es un crimen. Hacerlo con una iglesia que alberga refugiados es una afrenta a los valores universales más elementales. En un conflicto donde la verdad es una de las primeras víctimas, los hechos deben hablar con contundencia: el ataque a la Iglesia de la Sagrada Familia no es solo un daño colateral, es una señal de que se ha cruzado una línea roja que deslegitima cualquier narrativa de defensa y convierte al agresor en victimario, no solo ante la ley internacional, sino ante la conciencia humana.
