Argentina apeló el fallo por YPF, busca frenar la embestida judicial en EE.UU.
En un nuevo capítulo de la disputa legal más costosa en la historia reciente del país, el Gobierno argentino presentó una apelación ante la jueza Loretta Preska del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en un intento por frenar la ejecución del fallo que obliga a entregar acciones de YPF como parte de la sentencia que ordena pagar más de 16.000 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera en 2012.
La información fue difundida por el especialista en temas judiciales y financieros Sebastián Maril, quien sigue de cerca la causa. El recurso busca revertir la decisión de Preska, que habilitó a los fondos litigantes Burford Capital y Eton Park a ejecutar activos argentinos como forma de cobro.
La causa, iniciada por estos fondos que compraron los derechos de litigio a accionistas minoritarios de YPF, avanza en un terreno jurídico complejo donde Argentina ha sido sistemáticamente desfavorecida por la estrategia legal adoptada en su momento. El núcleo del conflicto reside en la forma en que se realizó la estatización, ya que el Estado argentino nacionalizó la mayoría accionaria de YPF sin hacer una oferta pública obligatoria por el resto de las acciones, lo que habilitó a los litigantes a demandar por daños económicos.
La apelación se da en un contexto económico y político crítico, donde el Gobierno de Javier Milei insiste en un discurso de desregulación, privatización y achicamiento del Estado, mientras enfrenta simultáneamente el costo multimillonario de una expropiación estatal realizada por otro signo político, pero cuya resolución judicial compromete seriamente el presente y futuro económico del país.
El fallo representa un enorme riesgo para los activos argentinos en el exterior, incluidas las acciones que el Estado aún posee en YPF. En caso de no prosperar la apelación, el país podría ver embargados activos estratégicos o verse obligado a negociar pagos que agraven aún más una situación financiera ya asfixiante.
Además, esta situación pone en evidencia la falta de continuidad institucional en la defensa de intereses estratégicos: la expropiación de YPF, en su momento celebrada como un acto de soberanía energética, careció del blindaje jurídico necesario. A más de una década del hecho, Argentina paga las consecuencias de haber nacionalizado sin planificación legal y de haber delegado su defensa a firmas privadas poco eficaces.
La causa YPF refleja el precio de los errores de Estado cuando se toman decisiones estratégicas sin la debida responsabilidad jurídica. Pero también expone una paradoja: mientras el Gobierno actual demoniza toda forma de intervención estatal, debe cargar con los costos económicos de esa historia. Y lo hace sin dar respuestas claras sobre cómo evitar que los activos nacionales terminen en manos de fondos buitre.
La apelación es un paso necesario, pero no suficiente. El caso exige una estrategia política y diplomática de alto nivel, algo que hasta ahora ha brillado por su ausencia. El riesgo no es solo económico, sino soberano: perder el control sobre acciones de YPF sería un golpe estructural para la presencia del Estado en el sector energético.
