Alertan que la reforma laboral podría violar el origen constitucional de las leyes tributarias
En un contexto de creciente conflictividad con la CGT y otros actores del mundo del trabajo, el procedimiento elegido por el Ejecutivo agrega un nuevo nivel de complejidad. Para la oposición, respetar el origen constitucional de las leyes no es un tecnicismo sino una garantía institucional: un resguardo del funcionamiento del sistema bicameral y de la validez de cualquier reforma que aspire a perdurar.
La estrategia legislativa del Gobierno para avanzar con la reforma laboral abrió un nuevo frente de conflicto en el Congreso.
Dirigentes de la oposición reclamaron que el proyecto, ingresado por el Poder Ejecutivo directamente en el Senado, debe iniciar su tratamiento en la Cámara de Diputados por incluir modificaciones tributarias, tal como exige la Constitución Nacional.
El diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, presentó una nota formal dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para solicitar el retiro del expediente del Senado. Según argumentó, el proyecto de Modernización Laboral contiene reformas en cargas y contribuciones, además de cambios concretos en IVA y Ganancias, materias que por mandato constitucional deben tener origen en Diputados. Paulón calificó como un “capricho” de la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, la decisión de impulsar allí el debate con el objetivo de “capitalizar” una eventual aprobación.
Desde Convicción Federal, la senadora Carolina Moisés reforzó el planteo y sostuvo que la iniciativa incluye un capítulo impositivo y deroga una decena de leyes tributarias. Para la legisladora, admitir su tratamiento en el Senado implicaría violar abiertamente el artículo 52 de la Constitución, que otorga a Diputados la competencia exclusiva para el origen de leyes relativas a impuestos. Moisés advirtió que un proceso iniciado fuera de los cauces formales podría incluso quedar judicialmente anulado por inconstitucionalidad.
El trasfondo del debate revela tensiones más profundas sobre los límites del Ejecutivo y el equilibrio entre ambas cámaras. Mientras el Gobierno defiende que la reforma no crea nuevos tributos y, por lo tanto, no encuadra en la restricción constitucional, la oposición sostiene que los cambios en aportes, contribuciones y tributos vigentes constituyen una modificación tributaria sustantiva. La controversia anticipa un escenario de disputa política y jurídica que podría demorar, e incluso trabar, la discusión de fondo sobre el contenido de la reforma laboral.
