Alarma social: organizaciones exigen un cambio de rumbo ante el riesgo de un colapso social
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto con diversas organizaciones sociales, lidera una jornada nacional de protesta con la triple consigna de hambre cero, salario digno y trabajo con derechos.
Esta movilización masiva se interpreta como una respuesta de unidad frente a lo que las organizaciones denuncian como un plan sistemático de miseria planificada impulsado por el Gobierno nacional.
La perspectiva crítica se centra en que las políticas de ajuste no solo deterioran las condiciones de vida, sino que también desfinancian programas sociales esenciales y amenazan la ya precaria subsistencia de los sectores populares.
La reforma laboral cuestionada como panacea económica
El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, ha desestimado la reforma laboral promovida por el Ejecutivo como una solución viable para la generación de empleo formal.
Su análisis apunta a la falacia de creer que una reforma legislativa por sí misma puede resolver la informalidad laboral sin un modelo económico que priorice la producción y el trabajo nacional.
La advertencia sobre la posibilidad de que el país se dirija a un escenario de colapso social similar al de dos mil uno, con saqueos y desesperación por el hambre, subraya la gravedad de la situación actual y la necesidad de una intervención urgente y no meramente discursiva.
Erosión de ingresos y el rol destructivo del desfinanciamiento
El análisis riguroso de los reclamos evidencia el brutal impacto de la política de ajuste sobre el piso de ingresos de los más vulnerables. El Salario Social Complementario (SSC), congelado en setenta y ocho mil pesos desde la devaluación de diciembre de dos mil veintitrés y desenganchado del Salario Mínimo Vital y Móvil, ha perdido gran parte de su valor real, condenando a millones de personas a la subsistencia.
A esto se suma el intento oficial de desacoplar la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la fórmula de movilidad, lo que representa un recorte directo a las familias con menores recursos.
El enfoque crítico también subraya el riesgo de que la paralización de la obra pública en más de cinco mil barrios populares, sumada a la apertura irrestricta de importaciones que afecta a cooperativas textiles, cartoneros y agricultores familiares, constituya una estrategia multidimensional que socava las fuentes de trabajo de la economía popular.
La denuncia sobre el aumento de la violencia institucional contra quienes trabajan en el espacio público y la caída del financiamiento de espacios sociocomunitarios son indicadores de un Estado ausente en la contención social, lo que facilita el avance de actividades ilícitas, como el narcotráfico, que asume el rol de prestamista de última instancia en los barrios.
La UTEP y las organizaciones aliadas concluyen que, sin el reconocimiento legal del Trabajador de la Economía Popular y sin políticas activas que reviertan la lógica de la exclusión, este sector continuará siendo la principal variable de ajuste del modelo económico actual.
