Ajuste sin concesiones: Francos anticipó veto presidencial a reformas previsionales y subsidios a la discapacidad

Francos no hizo más que anticipar lo que el Gobierno está dispuesto a no permitir: cualquier desviación de su plan económico, incluso si eso implica cerrar la puerta a millones de argentinos que hoy viven con lo justo —o menos—. La pregunta que queda flotando es si el Congreso aceptará ese cerrojo sin dar la pelea política que la sociedad espera.

En una declaración que preanuncia un nuevo conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos adelantó este lunes que el presidente Javier Milei vetará cualquier proyecto que implique mejoras en el régimen previsional o en los subsidios para personas con discapacidad, en caso de ser aprobado por el Parlamento. La justificación, según explicó el funcionario, es estrictamente fiscal: “No existen los recursos”.

La advertencia, lanzada en una entrevista radial, confirma una línea de gestión que prioriza el equilibrio presupuestario por sobre cualquier demanda social, aun cuando implique enfrentar a sectores particularmente vulnerables como jubilados y personas con discapacidad. Francos fue terminante: “Tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado. Así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas. No se puede aprobar una ley así”.

El mensaje no sólo tiene valor económico, sino también político. Deja entrever el endurecimiento de la Casa Rosada frente a la posibilidad de que el Congreso avance con iniciativas que corrijan los efectos más regresivos del ajuste libertario, como los haberes mínimos congelados o la falta de actualización de subsidios específicos. En un contexto de caída de ingresos reales, recortes masivos y aumento de la pobreza, la decisión de vetar incluso mejoras modestas expone con crudeza el enfoque excluyente del Ejecutivo.

La lógica del “no se puede” como programa de gobierno

El argumento de Francos —la falta de recursos— es ya un mantra del gobierno de Milei. Sin embargo, el contexto y los sectores involucrados invitan a una lectura más crítica. La negativa a aumentar el gasto en seguridad social contrasta con otras iniciativas que el oficialismo impulsa, como el nuevo blanqueo de capitales que permitirá a personas con dólares no declarados usarlos para adquirir bienes sin rendir cuentas sobre su origen. Un gesto fiscal regresivo que, lejos de fortalecer la equidad, parece premiar a los evasores mientras se castiga a los más vulnerables.

La contradicción no es menor: mientras se niega la posibilidad de aumentar las jubilaciones mínimas —actualmente por debajo de la línea de indigencia— o mejorar los subsidios para personas con discapacidad, el Ejecutivo prepara una nueva norma que beneficiaría a grandes tenedores de capital no declarado. En palabras simples: no hay plata para los jubilados, pero sí hay margen para facilitar el uso de fondos en negro.

Veto como herramienta sistemática

El anuncio del veto también desnuda una estrategia de fondo: el Ejecutivo no busca negociar ni construir consensos con el Congreso, sino imponer límites desde una lógica binaria: si no se ajusta a su programa de austeridad extrema, será descartado. Esto debilita el rol del Parlamento como contrapeso democrático y transforma al veto presidencial en una herramienta de gobierno estructural, no excepcional.

En ese sentido, el anuncio de Francos refuerza la percepción de que Milei gobierna con escasa voluntad de articular con el resto del sistema político, y que la «motosierra» no es solo una metáfora del ajuste, sino también del vínculo institucional. Vetar un eventual acuerdo parlamentario sobre temas sensibles como la previsión social, lejos de ser una muestra de responsabilidad fiscal, puede interpretarse como un acto de ceguera política.

Una señal hacia el Congreso (y hacia el mercado)

El anticipo del veto también funciona como mensaje al Congreso, donde distintos bloques —incluso algunos dialoguistas— han comenzado a trabajar en proyectos para recomponer ingresos previsionales o mejorar asignaciones sociales. Francos deja en claro que cualquier intento de legislar fuera del corsé del déficit cero tendrá un destino inmediato: el tacho de basura presidencial.

Pero el mensaje tiene otra lectura: apunta también al mercado. Al reiterar su compromiso con el ajuste sin concesiones, el Gobierno busca sostener la confianza de los actores financieros, incluso a costa de agravar el malestar social. En ese equilibrio precario entre la ortodoxia económica y el estallido social, el veto se convierte en la herramienta de una narrativa que ya no contempla la redistribución, ni siquiera en sus formas más elementales.

Un dilema de fondo: ¿puede el ajuste sostenerse sin fracturar el contrato social?

La negativa del Ejecutivo a discutir cualquier mejora previsional o social plantea una pregunta de fondo: ¿es sostenible una política pública que no incluye a los más débiles? La respuesta, por ahora, parece estar subordinada al dogma de la motosierra. Sin embargo, el riesgo no es menor. El veto permanente a iniciativas de alivio social, en un país con casi la mitad de su población bajo la línea de pobreza, puede terminar por desgastar el propio margen de gobernabilidad que el oficialismo pretende conservar a fuerza de disciplina fiscal.