Ajuste en los medios públicos: buscan reducir a la mitad la planta y avanzan con 600 retiros voluntarios
La medida impacta de lleno en Radio y Televisión Argentina (RTA) y en Contenidos Públicos, que en conjunto superan los 2200 trabajadores. La convocatoria estará abierta hasta fines de marzo y apunta a concretar entre 500 y 600 desvinculaciones en esta primera etapa.
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo y agresivo plan de retiros voluntarios en los medios públicos, con el objetivo explícito de reducir la planta de personal “a casi la mitad”.
El programa se inscribe en la intervención de los medios estatales, prorrogada hasta febrero de 2027 a través del decreto 79/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina. Desde mediados del año pasado, el área quedó bajo la conducción de Carlos Curci, exvocero de la Sociedad Rural, en sintonía con la política de reducción del gasto que impulsa la Casa Rosada.
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo aspira a que al menos 500 empleados adhieran al retiro. Sin embargo, en el propio Gobierno admiten que la meta podría no alcanzarse. Una porción significativa del personal cuenta con más de 20 años de antigüedad, lo que eleva el costo de las indemnizaciones y reduce los incentivos para aceptar la propuesta. Incluso trascendió que, en algunos casos, podría resultar económicamente más conveniente esperar un eventual despido que optar por la salida voluntaria.
El plan contempla que quienes se acojan al retiro no podrán reingresar al Estado durante cinco años y que las indemnizaciones —particularmente en los casos de mayor antigüedad— podrán abonarse hasta en tres cuotas. Este último punto abre interrogantes sobre el carácter “voluntario” de la medida, ya que el pago diferido puede funcionar como un mecanismo de presión indirecta en un contexto de incertidumbre laboral.
Días atrás, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anticipado la iniciativa y explicitado el rumbo oficial: “No se puede privatizar porque no lo permite la ley. Lo que queda es achicar al mínimo el gasto”. La frase sintetiza el dilema político del Ejecutivo: sin margen legal para desprenderse de los medios públicos, la estrategia pasa por reducir su estructura al mínimo operativo.
En paralelo, el Gobierno analiza modificar el nombre de la TV Pública, que aún conserva la denominación adoptada durante el kirchnerismo. Más allá del cambio simbólico, el eje central de la política oficial parece orientado a redefinir el rol del sistema estatal de medios: de una estructura amplia y federal a un esquema más acotado, con menor presencia territorial y producción propia.
El debate de fondo excede la cuestión presupuestaria. Mientras el Ejecutivo plantea la necesidad de eficiencia y reducción del gasto, sectores sindicales y opositores advierten que el ajuste podría afectar la pluralidad informativa, la producción cultural y la función social que históricamente justificó la existencia de medios públicos en Argentina.
La discusión, en definitiva, no es solo contable: involucra el modelo de comunicación que el Estado decide sostener.
