Aceiteros y desmotadores amenazan con paro y fijan un salario “mínimo” de $2,7 millones
El conflicto salarial en el sector aceitero y desmotador de algodón suma un nuevo capítulo de tensión. Durante un plenario nacional, dirigentes sindicales anticiparon la posibilidad de una huelga para exigir un salario mínimo de 2.700.000 pesos, al considerar que los ingresos actuales están muy lejos de cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.
El anuncio fue encabezado por Daniel Yofra, titular de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón, quien justificó la medida de fuerza al sostener que existen “razones de sobra” frente a un contexto que —según planteó— profundiza el deterioro laboral y social.
En su intervención, cuestionó con dureza al Gobierno nacional, al que responsabilizó por la pérdida de empleo y el empeoramiento de las condiciones de vida.
Desde el sindicalismo, el reclamo se apoya en una interpretación estricta del salario mínimo vital y móvil, amparado en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina y la Ley de Contrato de Trabajo. Bajo ese criterio, el ingreso debería garantizar no solo subsistencia, sino también acceso a vivienda, salud, educación y esparcimiento, parámetros que —afirman— hoy están lejos de cumplirse.
En la misma línea, Víctor González, referente del Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón del Chaco, reforzó la postura confrontativa al señalar que la huelga sigue siendo la herramienta central para canalizar los reclamos. Además, planteó una mirada más amplia sobre el deterioro social, vinculando la caída del salario con el retroceso en oportunidades educativas, el acceso a bienes básicos y la calidad de vida de las familias trabajadoras.
El planteo gremial se da en un contexto de creciente conflictividad laboral, donde distintos sectores comienzan a cuestionar no solo los niveles salariales, sino también el propio concepto de ingreso mínimo en una economía atravesada por la inflación. La cifra de 2,7 millones de pesos, lejos de ser un número aislado, busca instalar un nuevo piso de discusión que tensiona tanto a las empresas como al Gobierno.
El sector desmotador, primer eslabón de la cadena textil, tiene una presencia clave en provincias como Chaco, Santiago del Estero, Formosa, norte de Santa Fe y San Luis. Allí, el impacto de un eventual paro podría extenderse más allá del conflicto salarial y afectar a toda la industria vinculada al algodón, en un escenario donde la puja distributiva vuelve a ocupar el centro de la agenda económica.
