A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, un recuerdo que vuelve a interpelar a la democracia y a la prensa

Los homenajes que se realizan en distintos puntos del país no solo buscan mantener viva su memoria, sino también reabrir una reflexión crítica sobre las condiciones en las que se ejerce el periodismo y los límites reales de la impunidad.

Este 25 de enero se cumplen 29 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, un crimen que marcó un antes y un después en la relación entre poder, justicia y libertad de expresión en la Argentina.

Cabezas fue asesinado en 1997 tras haber tomado la primera fotografía pública del empresario Alfredo Yabrán, símbolo de un poder económico opaco y protegido por vínculos políticos y judiciales. El crimen, ejecutado por sicarios, dejó al descubierto la existencia de estructuras capaces de silenciar con violencia a quienes incomodaban intereses concentrados. Desde entonces, su nombre se convirtió en emblema de la defensa de la libertad de prensa.

Las actividades conmemorativas comenzaron por la mañana en el monolito ubicado frente a la Terminal de Ómnibus de Pinamar y continúan por la tarde con una movilización en la cava de General Madariaga, el lugar donde fue hallado su cuerpo. En ambos espacios, familiares, colegas y organizaciones sociales vuelven a señalar que la memoria de Cabezas no pertenece solo al pasado, sino que dialoga con el presente.

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) destacó que el reclamo de justicia sostenido por la sociedad fue clave para romper la lógica de impunidad que rodeó al caso. Sin embargo, advirtió que las amenazas a la labor periodística no han desaparecido. En ese sentido, la entidad vinculó el recuerdo de Cabezas con episodios recientes de violencia institucional contra trabajadores de prensa.

Como ejemplo, aRGra recordó la represión sufrida el año pasado por el reportero gráfico Pablo Grillo durante una protesta en el Congreso, donde resultó gravemente herido por un efectivo de Gendarmería. Para la organización, la reacción inicial del Estado —el respaldo político al agresor y el silencio del Poder Ejecutivo— evidenció la persistencia de una matriz que relativiza la violencia cuando esta proviene de las fuerzas de seguridad.

Desde la entidad subrayaron que, aunque la Justicia haya avanzado en el procesamiento del responsable y declarado ilegal el protocolo utilizado, el costo físico y simbólico recae siempre sobre las víctimas. La comparación entre ambos casos no busca equipararlos, sino advertir que el riesgo para el ejercicio del periodismo sigue vigente cuando el Estado no garantiza límites claros al uso de la fuerza.

A casi tres décadas del crimen de Cabezas, el consenso social que condenó aquel asesinato aparece nuevamente puesto a prueba. El homenaje, entonces, trasciende la figura del fotógrafo y se transforma en un llamado a defender la democracia, la libertad de informar y el derecho a ejercer el periodismo sin miedo. Porque, como señalan sus colegas, recordar a Cabezas no es un gesto ritual: es una forma de medir qué tan lejos o qué tan cerca está la Argentina de haber aprendido la lección.