Zaffaroni denuncia internas en la Corte y alerta por proscripción a Cristina

La Argentina asiste, una vez más, a un momento crítico donde la frontera entre justicia y poder aparece peligrosamente desdibujada. Si lo que afirma Zaffaroni es cierto —que hay dudas, que hay internas, que hay cálculo político—, entonces la Corte Suprema enfrenta no solo un fallo importante, sino una crisis de legitimidad que amenaza con erosionar el principio más básico de la república: la imparcialidad de la Justicia.

En la antesala de una posible resolución histórica por parte de la Corte Suprema en la llamada «Causa Vialidad», el exministro del máximo tribunal, Eugenio Zaffaroni, lanzó una advertencia tan polémica como reveladora: según versiones que circulan en los pasillos judiciales, uno de los tres integrantes actuales de la Corte estaría dudando respecto de firmar una condena contra Cristina Fernández de Kirchner.

El nombre que dejó entrever es el del juez Carlos Rosenkrantz, a quien incluso elogió por su desempeño en otros fallos.

Zaffaroni no habla desde un lugar marginal. Como exintegrante de la Corte y voz respetada en ámbitos jurídicos, sus declaraciones deben leerse como una interpelación directa a la legitimidad del proceso judicial y al funcionamiento mismo de las instituciones de mayor jerarquía del país. “No creo que sea el martes”, advirtió en relación con la posible fecha del fallo, sugiriendo que una eventual filtración pudo haber forzado una estrategia de postergación, algo que —según relató— se hacía con frecuencia durante su paso por el tribunal.

Pero más allá de los rumores procesales, el exjuez fue lapidario en su análisis político. Afirmó que la inhabilitación de la expresidenta es casi segura, y que incluso no descarta un arresto simbólico “por unos días”, con prisión domiciliaria o incluso con tobillera electrónica. El objetivo, según su lectura, sería “humillarla” políticamente. Lo más grave de sus declaraciones, sin embargo, no radica en la predicción, sino en la denuncia: que la Corte estaría actuando como una herramienta de disciplinamiento político antes que como garante imparcial de la Constitución.

Zaffaroni no se limita a criticar la orientación del fallo. Señala que se trata de una condena “irregular” y sin pruebas suficientes, lo que, en su opinión, convierte el caso en un ejemplo preocupante de cómo cualquier ciudadano puede ser condenado sin las garantías mínimas del debido proceso. “No se trata de privilegios para Cristina, sino de que el sistema judicial funcione con estándares legales y democráticos”, remarcó.

Además, desliza una crítica implícita al propio oficialismo. Si el objetivo de avanzar contra Cristina Kirchner es quitarla del juego político, eso podría volverse en contra del gobierno. “En la Casa de Gobierno debería haber alguien que entienda que esto no los beneficia. Que digan ‘déjenla competir y, en una de esas, le ganamos’”, lanzó, sugiriendo que la proscripción podría tener efectos contraproducentes para la legitimidad del sistema político en su conjunto.

El diagnóstico institucional que hace Zaffaroni es demoledor: considera que la Corte, actualmente integrada por solo tres jueces, representa una anomalía internacional y un “disparate”. Según él, la imagen del tribunal ha sido severamente dañada y ya no se protege ni siquiera el mínimo ceremonial de neutralidad pública. Su denuncia de que la Corte funciona como “un triunvirato” —una forma de poder concentrada, ajena a los contrapesos republicanos— revela un clima de descomposición institucional que podría tener consecuencias de largo alcance para la credibilidad del Poder Judicial.

En este contexto, la eventual decisión de la Corte no será leída únicamente como un desenlace judicial. Se convertirá en un parte aguas político que podría marcar el tono del ciclo electoral por venir y condicionar, incluso, la estabilidad institucional. En juego no está solo la figura de Cristina Kirchner, sino la calidad de la democracia argentina y la autonomía del Poder Judicial frente a las presiones políticas.