Patrimonio bajo la lupa: la Justicia avanza sobre las operaciones inmobiliarias de Manuel Adorni

La ronda de testimonios continuará en los próximos días y podría ser determinante para definir el rumbo de una causa que combina elementos financieros, inmobiliarios y posibles responsabilidades políticas.

La situación judicial de Manuel Adorni ingresa en una semana decisiva. La Justicia Federal intensificó la investigación sobre su patrimonio con una serie de citaciones clave en los tribunales de Comodoro Py, en un intento por esclarecer posibles inconsistencias entre sus declaraciones juradas y una serie de operaciones inmobiliarias.

El fiscal Gerardo Pollicita busca reconstruir el circuito financiero detrás de la compra de al menos tres propiedades, así como las remodelaciones de alto costo realizadas en una de ellas. La hipótesis apunta a eventuales irregularidades en el origen de los fondos y en los valores declarados oficialmente.

La agenda de testimoniales comenzó con los responsables de la Inmobiliaria Rucci, quienes deberán aportar precisiones sobre la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La investigación pone especial énfasis en los documentos ya secuestrados, con el objetivo de determinar si el precio declarado coincide con el valor real de mercado y las condiciones en las que se encontraba el inmueble.

Uno de los puntos más sensibles del expediente gira en torno a una hipoteca privada por 200.000 dólares otorgada por dos jubiladas. El miércoles deberá declarar un intermediario señalado como nexo en la operación, en un intento por esclarecer por qué personas que afirmaron no conocer al funcionario terminaron participando en el financiamiento de su vivienda.

En paralelo, la Justicia también analiza las obras realizadas en una propiedad ubicada en un barrio cerrado de la provincia de Buenos Aires. Para ello, fue citado el constructor a cargo de las refacciones, a quien se le solicitó documentación detallada —presupuestos, facturación y comunicaciones— que permita establecer quién afrontó los costos y si estos se condicen con la capacidad económica declarada por el funcionario.

El expediente además busca contrastar los montos informados ante la Oficina Anticorrupción con los valores reales del mercado. Entre los datos bajo análisis figuran gastos de ingreso a un country y expensas mensuales que, según la información recabada, estarían a nombre de su entorno familiar.